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Será el Senado quien con toda probabilidad dará luz verde el próximo viernes a la supresión del autogobierno de Catalunya. La Constitución prevé en su ya artículo más famoso, el 155, que sea la Cámara Alta quien apruebe cargarse una autonomía: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».
La mayoría absoluta es un mero trámite ya que el PP no sólo la tiene en solitario sino que además cuenta con el apoyo del PSOE y Ciudadanos. La Cámara Alta, que ha sido duramente criticada como refugio dorado para políticos en declive, y que fue objeto de peticiones en change.org para que se suprima, adquiere así un protagonismo desconocido hasta ahora.
Cada demarcación elige un número de senadores en función de su población. Son listas abiertas de modo que cada votante escoge una persona en cuestión, no un partido. A Tarragona le corresponden cuatro. En las generales del 26 de junio de 2016, salieron escogidos tres de ERC y una de En Comú Podem. Además los parlamentos autonómicos designan otros senadores. Entre los que escogió el Parlament están José Montilla (PSC) y Xavier García Albiol (PP). Así un expresidente de la Generalitat apoyará, si mantiene la disciplina de voto, la destitución de un sucesor suyo en el cargo más alto de Catalunya.
Albiol, entre los escogidos
Albiol está entre los 15 senadores del PP que integrarán la comisión conjunta de las comisiones generales de las comunidades autónomas y constitucional. Dicha comisión tramitará la aplicación del artículo 155. También estará Javier Arenas, el político andaluz que lideró la campaña contra el Estatut de 2006. El papel de esta comisión es relevante porque tendrá capacidad para enmendar y modificar las medidas que el Gobierno ha hecho llegar al Senado y además deberá dar audiencia al president Carles Puigdemont.
