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El PP y Ciudadanos continúan presionando a Pedro Sánchez para que emplee mano dura en Cataluña. Las últimas declaraciones de Quim Torra confesando su voluntad de «atacar al Estado» son vistas por ambas formaciones como un nuevo envite del independentismo que el Ejecutivo socialista debe frenar sin demora. Pero el Gobierno, de momento, no quiere avivar la confrontación con la Generalitat y ha optado por desdeñar la advertencia del presidente autonómico. «Con una frase inaceptable no se ataca al Estado», dijo el domingo la vicepresidenta, Carmen Calvo, en referencia al discurso de Torra a la salida el 17-A de la prisión de Lledoners. El Ejecutivo cree que «las palabras» no son hechos, pero tanto conservadores como liberales consideran que la sola «amenaza» al Estado les obliga a actuar sin demora. «Los peores momentos de confrontación que vive la historia empiezan por frases», advirtió ayer el presidente del PP, Pablo Casado.
El líder de los populares pidió al Gobierno que tome las medidas oportunas para poner freno a Torra y evitar que el soberanismo prosiga con su «hoja de ruta», de lo contrario solicitará la activación del artículo 155. La idea de volver a poner en práctica la suspensión de competencias catalanas, explicó Casado, ya fue abordada en la reunión que mantuvo hace unas semanas con Sánchez en la Moncloa.
Desde la formación conservadora exigieron además al Ejecutivo que analice si, con su frase «bélica», Torra cometió un delito de apología.
Ciudadanos, en cambio, va más allá e insta a Sánchez a poner en marcha la maquinaria del 155. «Hay que requerir que el presidente de la Generalitat acate la legalidad» aseguró Albert Rivera. La formación liberal cursó ayer una petición formal al Gobierno socialista para que envíe ya el requerimiento previo que contempla la Constitución para saber, como ocurrió el pasado otoño, si hay alguna rectificación por parte del Ejecutivo catalán. Los liberales ven base jurídica para aplicar por segunda vez este precepto constitucional porque Torra habla de atacar al Estado, de instaurar la república o legitima al «huido Puigdemont». Y proponen, además, que un nuevo 155 intervenga los Mossos, cierre las embajadas catalanas en el exterior e intervenga los medios de comunicación públicos catalanes.
