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El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas comparecen hoy ante el tribunal de primera instancia de Bélgica que debe decidir sobre la orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada contra ellos por España, aunque lo más probable es que el juez no tome una decisión hasta pasados unos días.
La defensa de Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín sostendrá ante el juez que «sin duda se trata de un caso político» y que las euroórdenes firmadas por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela están «muy mal formuladas».
También pondrá en duda que todos los cargos que se les imputa en España -rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación- cumplan con el principio de «doble imposición», según el cual el delito en España tenga una correspondencia en el ordenamiento jurídico belga.
Y cuestionarán que ninguno de ellos «encaje» en la definición de «corrupción» que la jueza Lamela marcó en las euroórdenes en el listado de 32 delitos por los que un Estado miembro debe extraditar de forma automática a un reclamado por otro país de la Unión Europea.
Por su parte, la Fiscalía belga insiste en que «aquí no cabe la política, sino que es una cuestión 100% judicial», y ya ha preguntado a la Audiencia Nacional sobre el tipo de cárcel en el que serían ingresados, sus celdas, su manutención, su comunicación, su atención sanitaria o el trato que recibirían si son extraditados. Se trata, por un lado, de contar con toda la información posible para armar su argumentario y, por el otro, de poder contrarrestar la estrategia de las defensas: denunciar que «los derechos humanos de sus clientes no serán respetados ya que se trata de un juicio político».
