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El Gobierno lanzó hoy un nuevo aviso a la Generalitat para que reconsidere su decisión de celebrar el referérendum independentista el próximo 1 de octubre. Tras una reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, presidida por Mariano Rajoy, el portavoz Iñigo Méndez de Vigo amenazó con retener los cerca de 3.600 millones de euros correspondientes al Fondo de Liquidez Autonómica de 2017 si, a partir de ahora mismo, no se aportan pruebas semanales de que el Ejecutivo de Carles Puigdemont no está financiando actividades relacionadas con la consulta.
El Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucionales las partidas de los presupuestos catalanes destinadas a ese fin en una sentencia publicada el 5 de julio, pero, precisamente para evitar que sus pasos puedan ser impugnados, la Generalitat acordó el pasado martes mantener en secreto decisiones que afectan a cuestiones como la compra de las urnas que pretende emplear en la votación. El nuevo consejero de Presidencia, Jordi Turull, lo dijo abiertamente: "No queremos añadir más dificultades al 1 de octubre habida cuenta de cómo se las gastan".
La nueva orden del Ejecutivo busca sortear ese cerrojazo informativo y lo hará obligando, en concreto a los interventores de las consejerías; los responsables económicos financieros de las entidades en las que no hay interventores delegados; al director general de los Presupuestos, y al director general de Políticas Financieras Seguros y Tesorería a remitir certificados individuales al Ministerio de Hacienda para que éste pueda comprobar que no se han tramitado expedientes destinados a actividades relacionadas con el referéndum ilegal.
Jordi Turull, lo dijo abiertamente: "No queremos añadir más dificultades al 1 de octubre habida cuenta de cómo se las gastan"Si puede hacerlo es gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibiliad Financiera de 2012, en la que se estipula que, para acogerse a mecanismos adicionales de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), las autonomías deben comprometerse a cumplir una serie de "condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión de información (...) así como de adopción de medidas de ajuste extraordinarias, en su caso, para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública y con los plazos legales de pago a proveedores".
"Bomba de relojería"
La Generalitat -que es la principal receptora de estas ayudas y ha recibido cerca de 60.000 millones de euros desde que hace cinco años se le cerraron los mercados- ya remite informes mensuales a Hacienda. Empezó a hacerlo en noviembre de 2015, cuando Cristóbal Montoro optó por reforzar la condicionalidad y obligó a destinar los pagos del FLA exclusivamente a los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) justamente, para tratar de evitar que se dedicaran a financiar el referéndum. La finalidad de los pagos es lo que convierte ahora en polémica la amenaza del Gobierno porque cortar el grifo a la Generalitat significaría desatender a los catalanes. Méndez de Vigo argumentó que se trata de una "medida preventiva" que no tendrá por qué aplicarse. Pero en todo caso, defendió que llegado el caso "será el gobierno de Carles Puigdemont el que tenga que explicar a los catalanes qué ha producido la situación".
Hay dos supuestos que, en principio, provocarían que se retenga la financiación extraordinaria: que los funcionarios señalados no remitan al Ministerio la documentación requerida (que puede remontarse hasta el 1 de enero) y que Hacienda concluya que la Generalitat ha dedicado partidas presupuestarias a un fin considerado inconstitucional. En ese caso, además el Gobierno llevaría a los tribunales a quien hubiera autorizado el gasto. Fuentes del Ejecutivo no ocultan que pretenden poner especialmente contra las cuerdas al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, designado coordinador del referéndum. "Le hemos puesto una bomba de relojería", dicen.
La orden gubernamental pone también en la picota, además, a los propios funcionarios, que se arriesgan a tener que asumir reponsabilidades incluso de tipo penal si no cumplen con aquello que se les demanda.
