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La pancarta con el lema "Libertad presos políticos y exiliados" que colgaba de la fachada del Palau de la Generalitat ha sido retirada poco después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenara a los Mossos d'Esquadra quitarla "de forma inmediata".
No ha hecho falta que agentes de los Mossos retiraran la pancarta que hasta hoy viernes mantenía colgada el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sino que personal de mantenimiento se ha encargado de ello, un episodio análogo al que ocurrió antes de las elecciones generales del 28 de abril.
La retirada se ha producido poco antes de las 15.30 horas, después de que la sala contencioso-administrativa del TSJC dictara un oficio dirigido al Departamento de la Presidencia de la Generalitat en el que le exigía que "de forma inmediata" diera instrucciones a las fuerzas de seguridad a su mando para que quitasen la pancarta en apoyo a los líderes independentistas presos y con un lazo amarillo, después de que Torra hubiera desoído sus requerimientos.
El primero de los requerimientos, enviado a raíz de un recurso presentado por la asociación Impulso Ciudadano, notificado a Torra el pasado lunes y que el president recurrió, daba un plazo de 48 horas para sacar de la fachada del Palau la pancarta.
El tribunal rechazó ayer el recurso de Torra que pedía la suspensión de la orden cautelar y le recordó que, una vez convocadas las elecciones generales del 10 de noviembre, está obligado a retirar la pancarta por la normativa electoral y las resoluciones que la Junta Electoral dictó en ese sentido, el pasado mes de marzo.
En paralelo a la decisión del TSJC, Ciudadanos ha presentado una queja ante la Junta Electoral Central en la que exige que dejen de exhibirse pancartas y otros símbolos a favor de los presos independentistas, al entender que son contrarios al principio de neutralidad que deben mantener las instituciones en período electoral.
Torra ya ha enviado sus alegaciones a la JEC, en las que argumenta que retirar la pancarta del Palau atentaría contra la libertad de expresión y supondría imponer un "silencio artificioso" en una institución pública de naturaleza "intrínsecamente política". EFE
