Sánchez advierte de que liquidará la república digital catalana

Real decreto ley contra una administración electrónica fuera del control del Estado

01 noviembre 2019 08:50 | Actualizado a 01 noviembre 2019 09:16
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La oposición a su derecha no se cansa de cuestionar su «tibieza» en la crisis de Catalunya. Y Pedro Sánchez no escatima en esfuerzos por exhibir, desde hace más de un mes, firmeza y mano dura frente a la Generalitat y las fuerzas independentistas. Ayer, con un real decreto ley para cortar de raíz el intento de crear una suerte de Estado catalán digital.

El Consejo de Ministros acordó también presentar tres incidentes de ejecución de sentencia contra decisiones de la Mesa del Parlament, solicitó un informe al Consejo de Estado para recurrir una resolución y, como colofón, la vicepresidenta Carmen Calvo aseguró que la Abogacía del Estado defenderá a los policías que han actuado en los disturbios en Catalunya, en las causas que puedan abrirse contra ellos.

Los incidentes de ejecución de sentencia no son una cosa menor, porque en ellos se insta al Tribunal Constitucional a determinar si cabe que la Fiscalía actúe ya por la vía de lo penal contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el resto de miembros de la Mesa, por haber admitido a trámite una moción de la CUP que alude al derecho a la autodeterminación.

Amenaza con la vía penal a la Mesa del Parlament por el debate sobre la autodeterminación

Eso implicaría iniciar un procedimiento que puede acabar con la inhabilitación de todos ellos para el ejercicio de cargo público, como le sucedió en su día a Carme Forcadell, ahora además condenada a once años de cárcel por un delito de sedición.

La medida a la que Sánchez quiso dar más vuelo fue el decreto ley contra uno de los proyectos estrella del Consell de la República. «El Estado de Derecho va a ser igual de contundente off line que on line», reivindicó en Onda Cero. La norma, que tendrá que ser convalidada por la Diputación Permanente en un plazo de 30 días a partir de su publicación y entrada en vigor, obligará, entre otras cosas, a que todos los servidores empleados por las administraciones (central, autonómicas y locales) estén residenciados en la UE y no puedan alojarse en paraísos fiscales. Este requisito tiene un porqué. Para evitar ser intervenido, el sitio Republicat.cat, en el que el independentismo pretendía configurar una especie de Parlamento virtual compuesto por 100 o 150 personas, fue registrado hace cerca de un año en el servicio de un cofundador del portal The Pirate Bay que se encuentra en la isla caribeña de Nieves.

Lo que no terminó de aclarar el Ejecutivo es cómo se justifica la urgencia de esta medida, un requisito indispensable para recurrir a un instrumento legislativo tan excepcional como el decreto ley.

Sánchez adujo que también se pretende evitar que la Generalitat «haga uso de datos espurios» como ya hay más que sospechas, según dijo, de que está ocurriendo. De manera implícita, tanto él como Calvo remitieron así a otra iniciativa de la Generalitat presentada en septiembre por el president Quim Torra bajo el nombre de IdentiCAT, para crear «un nuevo modelo de identidad digital, descentralizada y autosoberana». La vicepresidenta argumentó que razones de seguridad le impidían ser más explícita, pero dejó caer que también se trata de proteger el próximo proceso electoral.

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