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Aún resonaban los ecos de la bronca del lunes entre las dos principales fuerzas del independentismo, ERC y JxCat, cuando el Gobierno anunció que Pedro Sánchez se reunirá con Quim Torra el 6 de febrero, y que la cita será en Barcelona. Falta hora y lugar.
La complejidad del momento en Catalunya no es óbice para Sánchez para sentarse con el president. Porque para la Moncloa no hay dudas. «En este momento no pesa sobre él ninguna resolución judicial o incidencia por la que no sea president», afirmó ayer con rotundidad la ministra portavoz, María Jesús Montero. Negó además que cerrar la fecha del encuentro suponga un salvavidas para Torra en su peor momento.
La ministra María Jesús Montero enmarcó el encuentro en la estrategia del diálogo para encontrar una salida al conflicto. «Tenemos que romper los años de incomunicación con Catalunya. No se puede poner continuamente sobre la mesa la situación en Catalunya y no abordar el diálogo. Tenemos que buscar los puntos de encuentro», añadió. La cita, prosiguió la portavoz, solo se «pospondría o cancelaría» si entre hoy y el próximo jueves surgiera alguna «incidencia»; es decir, una resolución judicial que inhabilitara a Torra como president, o, incluso, un adelanto electoral.
La reunión fue anunciada el 20 de enero por Sánchez, pero en realidad es una exigencia de Torra para avalar la mesa de diálogo entre los dos gobiernos que pactaron el PSOE y ERC en las negociaciones para la investidura. El president y el JxCat se niegan a que los republicanos se cuelguen las medallas de la búsqueda de una solución al conflicto político, y condicionó su respaldo a esa mesa a que antes se produjera un cara a cara con el presidente del Gobierno de España.
El PP reclamaba a Pedro Sánchez que suspendiera la reunión con Torra porque entiende que no solo está inhabilitado como diputado, sino también como president.
Ahora, Roger Torrent
Por otra parte, el president del Parlament, Roger Torrent, podría verse inhabilitado como diputado por desobediencia, como el propio president Quim Torra, y en su caso sí le costaría la pérdida de su cargo. Torrent va ser investigado por el Tribunal Constitucional (TC) por desoír, presuntamente, las directrices de esa corte para que impidiera el debate y la votación de propuestas a favor de la autodeterminación y contra Felipe VI que se presentaron el pasado otoño al calor de la sentencia condenatoria contra los líderes del Procés. Por los mismos hechos también estarán en el punto de mira de los jueces el vicepresidente primero y el secretario primero de la Mesa del Parlament, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós.
El pleno del TC acordó ayer por unanimidad pedir a la Fiscalía que informe si ve desobediencia en la actitud de Torrent y de sus compañeros.
La petición del TC se produjo a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez, antes de que el presidente contrajera la promesa de «desjudicializar» el conflicto catalán porque es un asunto político. El 31 de octubre de 2019, diez días antes de las elecciones generales del 10-N y de que el candidato socialista necesitara la abstención de ERC para su investidura, el Ejecutivo socialista en funciones pidió a los magistrados que actuaran penalmente contra Torrent (ERC), después de que éste ignorara las resoluciones del propio tribunal alertándole de la ilegalidad de debatir la propuesta que la Mesa aprobó tramitar el 22 de octubre.
El texto en sí era una «resolución de respuesta a la sentencia del Supremo sobre los hechos del 1 de octubre» e incluía la reprobación del Rey y una declaración sobre la «soberanía del pueblo de Catalunya para decidir su futuro político».
