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El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha rechazado negociar con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el reconocimiento del derecho de autodeterminación para los catalanes, al considerar que ese derecho no lo reconoce ni la Constitución española ni ninguna otra. Sin embargo, se ha mostrado dispuesto a levantar los vetos que el Gobierno anterior presentó en el Tribunal Constitucional contra leyes catalanas de corte social y ha acordado con Torra reactivar las comisiones bilaterales Estado-Generalitat que no se reúnen desde 2011 y en las que se hablará de posibles transferencias de competencias o de inversiones en infraestructuras.
Así lo ha avanzado en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al término del encuentro de dos horas y media que ambos dirigentes han mantenido, a solas, en el Palacio de la Moncloa y que ha discurrido mejor de lo esperado, en opinión del presidente de Gobierno, que ha trasladado a su círculo más próximo de colaboradores el tono "educado y constructivo" que ha percibido en Torra, a quien en mayo pasado, siendo jefe de la oposición, llamaba "racista".
El encuentro entre ambos este lunes ha estado "lleno de cortesía y fluidez", ha resumido Calvo, que ha presentado los acuerdos que se han alcanzado en esta primera entrevista, a la que seguirá una segunda, previsiblemente en Barcelona en otoño, según avance el diálogo en el marco de las comisiones bilaterales Estado-Generalitat que se han reactivado. El primero de los acuerdos tiene que ver precisamente con la reactivación de estas comisiones previstas en el Estatut y que no se reúnen desde el año 2011.
Se trata de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado; la Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat; la Bilateral de Infraestructuras, y la Mixta de Transferencias Estado-Generalitat. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, presidirá por parte del Gobierno la primera de ellas; ahí se podrá hablar de "recuperar derechos recortados por el paso de la derecha en el Gobierno de España y de algunas cuestiones que la política catalana tiene pendientes en relación a la coordinación y los acuerdos con el Gobierno de todos los españoles", ha señalado la vicepresidenta.
Se refería Calvo a derechos recortados por la ley Mordaza, cuyos aspectos más lesivos está determinado a derogar el Gobierno, o a los recortes hechos en materia de asistencia a las personas dependientes, asunto que interesa mucho a la Generalitat, ha dicho.
Fin a 7 años de reencuentros
Calvo ha explicado que estas comisiones, que empezarán a reunirse pronto, discurrirán en paralelo a la interlocución fluida que han acordado mantener Sánchez y Torra porque "siete años de desencuentro tienen que terminar" y porque nunca más se debe producir un "cortocircuito" de la comunicación entre las dos instituciones que es impropio de una democracia. La vicepresidenta ha adelantado también que el Gobierno levantará los vetos que hay en el TC a las leyes catalanas sobre pobreza energética, cambio climático y sobre la universalidad de la sanidad pública.
También ha anunciado que se ha acordado con Torra la presencia de representantes del Gobierno de España en los actos que marcarán el primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils el próximo 17 de agosto. Preguntada por la presencia del Rey en este acto, Calvo ha señalado que Felipe VI es el jefe del Estado y participa en actos en Cataluña o de cualquier otro territorio "con absoluta normalidad y en este caso además, con el Gobierno de España". "Esto no es objeto de debate para el Gobierno de España", ha añadido.
Reclama la autodeterminación
Calvo ha informado de que, tal y como estaba previsto, Torra comentó a Sánchez el deseo de los independentistas de ejercer el derecho de autodeterminación. El presidente del Gobierno, según Calvo, le ha respondido subrayando el altísimo nivel de autogobierno del que tiene Catalunya y recordando el artículo 2 de la Constitución española, que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Esto es, que sólo una parte del país no puede decidir sobre la alteración de las fronteras de ese país.
