Torra afirma que el Estado quiere urdir un relato de violencia antes de la sentencia

El independentismo reaccionó hoy lunes con la máxima contundencia por las detenciones practicadas por la Guardia Civil contra los CDR y habló de operación de Estado para criminalizar al movimiento soberanista. También denunciaron que se trata de un intento por parte del Gobierno central y de la Audiencia Nacional, actuando bajo un mismo mando jerárquico, de desmovilizar al secesionismo metiéndole miedo cuando quedan pocos días para que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, que en el pasado se declaró amigo de los CDR, acusó al Estado de querer "construir un relato de violencia" antes de las sentencias del juicio del 'procés'. En cualquier caso, fue la propia Generalitat, en concreto su Consejería del Interior, la que habló la semana pasada de posibles grupos violentos y de la conveniencia de incrementar los efectivos policiales para las protestas que se anuncian de cara al fallo judicial y de emplear nuevo material antidisturbios, como el gas pimienta.

Fuentes independentistas mostraron una enorme preocupación en privado y apuntaron su temor a que la operación suponga la primera piedra para allanar el terreno a nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno central, en línea con la petición de ayer mismo del líder de ciudadanos, Albert Rivera. "Estamos ante un nuevo 20-S", apuntaron desde el independentismo. "La represión continúa siendo la única respuesta del Estado español", afirmó Torra.

Las fuerzas secesionistas con representación en el Congreso, Esquerra y JxCat, pidieron la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la "operación opaca y criminalizadora" que a su juicio llevó a cabo la Guardia Civil. "Vives en un país en el que se detiene a gente de madrugada para buscar pruebas en su contra. En democracia es justo al revés. La única pregunta que cabe hacerse es quién será el siguiente. Ya avisamos. El 'a por ellos' era un 'a por todos'", señaló Gabriel Rufián.

Material de "fiesta mayor"

Los abogados de los CDR, por su parte, calificaron las detenciones de "montaje con intencionalidad electoral". Los letrados consideran que la acusación de terrorismo que se les imputa carece de sustento puesto que se basa en "futuribles". Además, consideraron que el material incautado es de fácil acceso para cualquiera. La CUP se mofó del dispositivo policial y dijo que el material aprehendido era de "fiesta mayor", pues según su versión sirve para los espectáculos de diablos y 'correfocs' en la calle.

Tras la operación policial, los CDR llamaron a "plantar cara a la represión". "La maquinaria de las fuerzas represoras nos pone en el punto de mira. Por mucho que hagan registros indiscriminados y detenciones arbitrarias, no detendrán a un pueblo convencido y combativo", avisaron. 

Las llamadas de los radicales se tradujeron en manifestaciones, bajo el lema 'no tenemos miedo', en una veintena de localidades catalanas. La más multitudinaria se celebró en Sabadell, epicentro de la operación policial contra los CDR, con cerca de 4.000 personas en la calle. En Reus más de 700 personas se concentraron delante de la comisaría de la Policía Nacional, en la avenida Sant Jordi.