Tres meses que lo han cambiado todo

Catalunya ha vivido desde el pasado 27 de octubre los cien días de más intensidad política de la época moderna. Todo empezó cuando ese día Junts pel Sí y la CUP aprobaron la declaración de independencia en el Parlament de Catalunya gracias a 70 votos de los 135 diputados que forman el hemiciclo del Parc de la Ciutadella.

Sin embargo, pocas horas después el Senado acordó aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, que significaba intervenir la Generalitat, disolver la cámara legislativa, cesar el Govern por completo y convocar elecciones para el 21 de diciembre.   

Tú a Madrid y yo a Bélgica

Al día siguiente, el exPresident Carles Puigdemont realizó una declaración desde Girona en la que solicitaba «resistencia pacífica» para aguantar al República. Ya el 30 de octubre, la Fiscalía –liderada por José Manuel Maza– presentó una querella por rebelión contra los veinte principales promotores del proceso soberanista. Ese día, Puigdemont ya se encontraba en Bruselas, acompañado por los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Meritxell Borràs. 

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela citó a los miembros del Govern el 2 de noviembre. Sin embargo, no acudieron todos, ya que Puigdemont, Comín, Puig, Ponsatí y Serret optaron por quedarse en Bélgica. Sí que se presentaron Oriol Junqueras, Carles Mundó, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Santi Vila y Joaquim Forn.

Contra todo pronóstico, la magistrada dictó ese mismo día un auto de 19 páginas en el que ordenaba el ingreso en prisión provisional sin fianza para todos ellos, a excepción de Santi Vila, que tuvo una fianza de 50.000 euros, que abonó al día siguiente.

 De esta manera, los nueve exmiembros del Govern se sumaron al presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quienes estaban encarcelados desde el 17 de octubre.

El 3 de noviembre, Carmen Lamela remitió una euro orden para detener e ingresar en prisión a los exmiembros del Govern que estaban en Bruselas.  

Fallece el fiscal

Ya el 9 de noviembre llegó el turno de la presidenta del Parlament Carme Forcadell, quien compareció ante el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. La que ostentara la segunda institución catalana estuvo una noche en prisión, tras abonar una fianza de 150.000 euros. 

El 18 de noviembre sucedió prácticamente lo último que le falta al proceso, como fue el repentino fallecimiento del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, tras sufrir una infección renal en Argentina. 

Otro de los puntos de inflexión se produjo el 4 de diciembre, cuando el Supremo decretó libertad bajo fianza para los exconsellers Turull, Rull, Mundó, Borràs y Bassa, tras abonar un pago de 100.000 euros por cada uno de ellos.

El juez Pablo Llarena dejó, sin embargo, en la prisión al exvicepresidente Oriol Junqueras; al exconseller de Interior, Joaquim Forn; y a los presidentes de las entidades soberanistas, por considerarlos los «cabecillas de la rebelión» y ser los responsables de la «explosión violenta» en la calle. 

Gana Cs y el soberanismo suma 

Con todo este contexto llegaron las elecciones del pasado 21 de diciembre, en las que se impuso Ciutadans pero en las que las fuerzas independentistas lograron mantener la mayoría absoluta, tras sumar el 47,5% de los votos y lograr 70 diputados. 

A partir de ese momento empezó a hablarse de una posible investidura no presencial de Carles Puigdemont, el candidato de consenso del soberanismo que permanece en Bélgica, si bien sin la euro orden retirada por parte del Tribunal Supremo. 

El 11 de enero los letrados del Parlament descartaron, mediante un informe jurídico, una investidura telemática. Ya el 17 de enero tomó posesión la nueva cámara legislativa, con el republicano Roger Torrent al frente, quien en su primer discurso se propuso «coser» la sociedad. 

El pasado martes debía llevarse a cabo la esperada investidura de Carles Puigdemont, pero ese mismo día el presidente del Parlament decidió suspender la sesión, tras conocer las medidas cautelares decretadas por el Constitucional, que también se opone a una investidura no presencial.

Por si fuera poco, los mensajes de Puigdemont a Comín del miércoles no han hecho más que añadir otro capítulo a una novela que no tiene visos de acabar, y en la que no se descarta que haya una segunda parte, antes de verano, en forma de nuevas elecciones.