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El pleno del Parlament ha validado este miércoles un decreto ley con el que el Govern se compromete a destinar 8 millones de euros a través de dos líneas de ayudas directas dirigidas a paliar los efectos de la pandemia del coronavirus en el sector cultural, y que desde el Ejecutivo estiman que puede llegar a beneficiar hasta 8.700 profesionales de la cultura en Catalunya.
El decreto se ha aprobado con 66 votos favorables de JxCat y ERC, y 69 abstenciones de PSC, los comuns, la CUP, Cs y el PP, y la Cámara ha aprobado tramitarlo como proyecto de ley, con el voto favorable de toda la oposición y en contra de los socios del Govern.
La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha presentado el decreto y ha dicho que una de las líneas de subvención destina, a través del Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), 3,2 millones de euros para compensar los gastos de mantenimiento de empresas culturales, y que beneficia a personas físicas, autónomos, sociedades civiles y mercantiles, y entidades privadas sin ánimo de lucro que ejercen actividades profesionales artísticas y técnicas remuneradas, además de entidades no lucrativas que organizan actividades culturales de pago.
Por otro lado, la segunda línea de subvención destina, a través de la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Osic), un total de 4,7 millones de euros al sector cultural para compensar las pérdidas por la cancelación de espectáculos y actividades culturales a raíz de las restricciones para frenar los contagios.
Ha defendido que ambas líneas de ayuda pretenden "dar apoyo incondicional al sector, ya que no hay competitividad entre los solicitantes y el sistema permite eficiencia administrativa" y establecen un plazo del 100% del pago de la ayuda en el momento de la concesión.
Además, el pleno de la Cámara ha aprobado, con 70 votos a favor de JxCat, ERC, la CUP, y 65 abstenciones de Cs, el PSC, los comuns y el PP, un segundo decreto ley sobre cultura, el 44/2020, por el que el Govern se compromete a crear un 'Censo de cultura responsable' "para dar difusión a los espacios culturales que adopten protocolos sanitarios ante el Covid-19", que también se tramitará como proyecto de ley.
Ponsa ha explicado que este decreto también beneficiará a aquellos centros culturales que se comprometan a implementar programas de inclusión social, y que serán reconocidos con una "distinción acreditativa de espacio de cultura responsable que podrán hacer visible en sus instalaciones como garantía de seguridad para los espectadores, y que otorga un valor añadido al espacio".
Además, ha anunciado que el 'Censo de Artistas' "será una realidad dentro de quince días" y que el próximo lunes está prevista la constitución de la mesa interdepartamental del sector cultural para abordar el financiamiento de la cultura y la contratación y condiciones laborales de los profesionales.
Por su parte, el diputado de Cs Héctor Amelló ha opinado que las subvenciones de ambos decretos "difícilmente pueden paliar el daño económico que se le causa al sector cada vez que cierran" a raíz de las restricciones estipuladas para frenar el virus, y ha reclamado otras medidas complementarias, como una campaña de marketing institucional dirigido a los espectadores o subvenciones para implementar planes de gestión de públicos.
Aunque el socialista Rafel Bruguera ha defendido que todas las ayudas dirigidas al sector cultural son bienvenidas, ha expresado sus "dudas respecto a la efectividad real del decreto" y ha alertado de que muchos solicitantes tendrán problemas de acceso y dificultades para acreditar ciertos requisitos y condiciones, según él.
Para la diputada de los comuns Concepción Abellán, tanto el Govern como otras instituciones han tratado de "foco pandémico cualquier espacio cultural", por lo que ha reivindicado que todos los espacios culturales y artísticos son compatibles con la aplicación de las medidas de seguridad y prevención ante el Covid-19, tanto para público como espectadores.
Natàlia Sànchez (CUP) ha considerado que en el sector cultural se dan malas praxis instauradas de forma estructural, además de "intermitencia e incumplimiento del marco legislativo por parte del sector público y privado en relación a la contratación de los trabajadores de la cultura", algo que tiene consecuencias negativas que cree que aún se han agudizado más tras el impacto de la pandemia.
El diputado del PP Santi Rodríguez ha criticado que el Govern decretara el cierre de centros y espacios culturales y artísticos durante la segunda ola de coronavirus, después de que el 22 de septiembre del 2020 el mismo Ejecutivo reconociera la cultura como bien esencial fundamental para el estado del bienestar: "Este es el problema principal". ERC Y JXCAT
La republicana Jenn Díaz, que ha reivindicado la cultura como un espacio seguro, ha afirmado que el sector cultural ya presentaba indicios de precariedad y desequilibro antes de la pandemia del coronavirus, y que actualmente presenta "problemas sistémicos que no se arreglan ni desde la urgencia --en referencia a la pandemia-- ni desde las ayudas directas", sino con medidas a medio y largo plazo y cambios estructurales.
Por su parte, el Francesc Ten (JxCat) ha rechazado el concepto de 'reconstrucción cultural' y ya reivindicado que actualmente lo que el sector de la cultura necesita es la "construcción de un sistema nuevo que
