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El juez que ha enviado a prisión a tres detenidos en los disturbios de Barcelona sostiene que el Estado se ve obligado a aplicar de forma "muy estricta" el Código Penal ante el carácter "extremadamente violento" de los alborotadores, que imponen una especie de "toque de queda" por el miedo que causan a los vecinos.
Así lo sostiene en tres autos el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que este domingo ha acordado enviar a prisión a tres detenidos durante los disturbios de la madrugada del pasado sábado en Barcelona, acusados de los delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos.
De los 194 detenidos esta semana en Cataluña en los disturbios durante las protestas por la condena a la cúpula del 'procés', un total de 104 han pasado ya a disposición judicial, de los que 28 han ingresado en prisión preventiva sin fianza: 16 en Barcelona, 5 en Lleida, 5 en Girona y 2 en Tarragona.
El juez Aguirre, uno de los magistrados que este domingo estaba de guardia en Barcelona, remarca en sus escritos de prisión sin fianza que la noche del viernes al sábado se produjeron en Barcelona "violentísimos disturbios".
"Unos cientos o tal vez pocos miles de jóvenes construyeron barricadas con contenedores de basura, maceteros, cartones, señales de tráfico, vallas de obra y cuanto pudieron encontrar", detalla el juez, que recuerda que posteriormente prendieron las barricadas para evitar la intervención policial.
Además, destaca que los violentos utilizaron martillos y palancas para levantar las aceras y usar los adoquines como proyectiles para arrojarlos contra la Policía, emplearon sierras para cortar señales de tráfico y se valieron de líquidos inflamables para facilitar que los contenedores ardieran con facilidad.
El juez acuerda enviar a prisión sin fianza a los tres detenidos para evitar que sigan causando disturbios, dado el carácter "extremadamente violento" de los grupos de jóvenes que intervinieron en la batalla campal del pasado viernes por la noche en Barcelona.
Ante la previsión de que los disturbios se sigan repitiendo en los próximos días, el juez considera que el Estado "se ve obligado" a aplicar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de manera "muy estricta" para intentar "cortar" estas actuaciones violentas.
Unas actuaciones violentas que, según el juez, "causan miedo en gran parte de la ciudadanía, producen destrozos por valor de millones de euros e imponen una especie de 'toque de queda' en determinados barrios".
Según el juez, este "toque de queda" se produce ante el temor a salir que tienen los vecinos, "los cuales sufren por su integridad física", ya que los violentos "han estado a punto de incendiar edificios enteros, al extenderse las llamas de los contenedores quemados, teniendo los vecinos que intentar frenar el fuego por si mismos, con cubos de agua y mangueras".
Para el juez, los grupos de alborotadores entre los que considera que se integran los detenidos han causado además destrozos "graves" en las calzadas y el mobiliario urbano, han quemado coches particulares y han herido a centenares de policías, uno de los cuales está muy grave de una pedrada en la cabeza.
Dos de los detenidos están acusados de tirar una piedra contra la Policía, mientras que el tercero arrojó supuestamente objetos contundentes a los coches policiales, integrado en un grupo de unas 30 o 35 personas, todas ellas vestidas de negro.
Uno de ellos ha alegado este domingo ante el juez que se encontraba en la zona para tomarse una foto para colgarla en las redes sociales, si bien el juez no se cree esta versión exculpatoria porque iba vestido de negro, como todos los miembros del grupo que atacaba a la policía, y llevaba en su mochila un bote de un producto tóxico, un soplador para avivar una llama y prendas para cubrirse el rostro.
