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El Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia. He aquí el fallo, publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ):
#Procés Cuadro de delitos y penas impuestas por el Tribunal Supremo en la sentencia de la causa especial 20907/2017 pic.twitter.com/s31m3m6kCY
— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) October 14, 2019
Pese al supuesto blindaje de Marchena para evitar las filtraciones, el sábado a primera hora se conoció que el tribunal había acordado por unanimidad condenar a nueve de los doce acusados por delitos de sedición y/o malversación de caudales públicos. Mientras que a los otros tres que están en libertad provisional por desobediencia, que conlleva solo inhabilitación para empleo o cargo público.
Por lo tanto, el delito de rebelión imputado por la Fiscalía del Supremo a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Joaquim Forn, los ‘Jordis’ y el resto de líderes decae para la Sala. En síntesis, en el proceso secesionista de hace dos años en Catalunya no hubo un ataque contra el orden constitucional (rebelión) sino contra el orden público (sedición), primando así la tesis defendida en el juicio por la Abogacía del Estado frente a la del fiscal y la acusación de Vox.
La resolución tiene una carga política inusitada. Fijará la respuesta penal del Estado al mayor desafío independentista en 40 años de democracia y marcará el relato del multitudinario referéndum ilegal el 1-O, plagado de cargas policiales, protestas masivas, una fallida declaración unilateral de independencia y la intervención temporal de la Generalitat con la aplicación, por primera vez, del artículo 155 de la Constitución.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, consciente de que la sentencia tendrá efecto directo sobre las elecciones del 10 de noviembre y el devenir de la relación con Catalunya a corto y medio plazo, tiene previsto leer un discurso institucional cuando se conozca la resolución. Según fuentes de Moncloa, Sánchez llamará al diálogo y a la convivencia en la comunidad ante el temor a que la reacción política y social agrave la situación.
Aunque la sentencia no va a ser un punto y final, en el Supremo y en las más altas instancias estatales sí esperan que se convierta en un aviso de que un «Estado moderno» no se va a doblegar nunca por la fuerza de una «movilización callejera» liderada y legitimada desde las instituciones.
