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Un expresidente del Gobierno, su exvicepresidenta, un exministro, el lehendakari, dos alcaldes de Barcelona, un expresident de la Generalitat y la anterior cúpula de los Mossos d’Esquadra serán algunos de los 600 testigos del juicio del Procés. Entre ellos habrá una treintena de tarraconenses o personas citadas por actos realizados en la demarcación.
El Tribunal Supremo acordó en un auto hecho público el pasado viernes 1 de febrero que testifiquen once policías que intervinieron contra la votación del 1 de octubre de 2017 en el instituto de Torreforta, en el Comte de Rius y en el Tarragona, así como en el «Centre Civil» de Campclar.
Denominar «Centre Civil» al Centre Cívic del barrio tarraconense no es el único error del auto. Por ejemplo, también está citada la reusense «Meritxel» (en realidad es Meritxell) Ruiz, en su calidad de «ex Consejera de Presidencia». Borràs fue consellera de Educació.
Como testigos de los incidentes del Institut Tarragona están citados la senadora de ERC por Tarragona Laura Castel y el diputado del mismo partido Jordi Salvador. Castel se encaró a los antidisturbios que se habían desplegado en la Plaça Imperial Tarraco esquina Estanislau Figueres y les recriminó su actitud. Salvador intentó mediar entre la policía y los ciudadanos que se habían encerrado dentro del instituto para proteger las urnas.
También está citado el propietario del Hotel Gaudí de Reus, donde una multitud se concentró tras la manifestación del 3 de octubre en protesta por las duras cargas policiales de dos días antes. El alcalde de Reus, Carles Pellicer, está acusado de un delito de odio por haber firmado un manifiesto en el que reclamaba que los agentes alojados en el hotel abandonasen la ciudad, agentes cuyos compañeros habían golpeado a diversos votantes en toda Catalunya.
Tendrán que declarar los máximos mandos de los Mossos en aquellos días: David Boneta (jefe de la Regió Policial de Tarragona) y Josep Maria Estela Ribes, su homónimo de las Terres de l’Ebre. También sus jefes: el Major Josep Lluís Trapero y su entonces superior Pere Soler (ambos acusados de rebelión en la Audiencia Nacional) o el sustituto del primero en el Cuerpo, Ferran López.
Los cargos o excargos políticos abundan en la lista de testigos que desfilarán los próximos meses por la Sala de Plenos del Tribunal Supremo. A nivel de Tarragona, aparte de Meritxell Ruiz, deberán declarar Jordi Jané (exconseller de Interior), Lluís Salvadó (exsecretari de Hisenda del Govern), Joan Josep Nuet (exsecretario tercero de la Mesa del Parlament), Ernest Benach (expresidente del Parlament) y Joaquim Nin (exsecretari General de Presidència).
Lluís Llach, vinculado a Porrera, ha sido citado porque estuvo presente en la manifestación ante la Conselleria d’Economia del 20 de septiembre de 2017.
La Sala que enjuiciará los hechos ha aceptado los 256 testigos de la Fiscalía y la Abogacía y buena parte de los propuestos por las defensas y Vox, acusación popular, pero ha rechazado por ejemplo que testifique el Rey.
Entre los ausentes destacan el expresident Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira –ambos en el extranjero–, que tampoco podrían declarar como testigos, con obligación de decir la verdad, al estar procesados por los mismos hechos.
El Tribunal rechazó la petición de la defensa de que testificasen intelectuales como el lingüista Noam Chomsky o el historiador Paul Preston y políticos como el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba y el actual portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.
