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Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha cumplido su amenaza y el pasado miércoles presentó en el juzgado el recurso contencioso–administrativo para que Unió Democràtica deje de tener grupo municipal propio en el Ayuntamiento de Tarragona. De esta forma, la formación liderada en la ciudad por Albert Abelló lleva ante los tribunales la resolución firmada el pasado 16 de marzo por parte del alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), en la que el máximo representante municipal rechazó el recurso de reposición presentado por los soberanistas para evitar que su exsocio de federación sea considerado como el octavo partido del Saló de Plens de la Plaça de la Font.
En el escrito, al que ha tenido acceso el Diari, el representante legal de CDC –Francesc Xavier Sánchez– da el primer paso para judicializar el divorcio que en Tarragona se materializó el pasado mes de diciembre, y solicita al juzgado «que reclame al Consistorio el expediente administrativo para que me sea entregado para poder formalizar la demanda y las sucesivas actuaciones».
¿Coalición o federación?
En el recurso presentado el pasado miércoles, y que está pendiente de ser admitido a trámite para poder presentar posteriormente la demanda, los soberanistas muestran su disconformidad con el criterio expresado por parte del secretario general de la administración municipal, Joan Anton Font, en la que el alto funcionario admitió la constitución del grupo municipal de Unió Democràtica al considerar que CDC y Unió acudieron a las elecciones locales del 24 de mayo de 2015 como una coalición.
En su informe, el secretario remarcó que «en el artículo 1 de los estatutos de CiU se reconoce que la federación es una única herramienta electoral. Esta definición refuerza la interpretación de que se trata de un carácter instrumental», afirmó Font, quien expresó «no tener ninguna duda de que la federación de CiU está disuelta».
En este sentido, el secretario general expresó que «no sólo se ha producido la declaración explícita por parte de los representantes de sus fundadores, sino que han participado de forma separada en los dos últimos procesos electorales del 27 de septiembre y del 20 de diciembre». Por todo ello, Font expuso que «pese a que no se ha procedido aún a efectuar los trámites necesarios por parte de la comisión liquidadora, este secretario no tiene ninguna duda de que la federación está disuelta».
Abelló: ‘CiU aún existe’
Ayer, el portavoz del grupo municipal convergente en el Ayuntamiento, Albert Abelló, remarcó que «la federación de CiU aún existe, ya que Unió tiene una deuda pendiente de 1,8 millones de euros con CDCque debe abonar para que se pueda concretar definitivamente la separación» tras treinta años de matrimonio.
En este sentido, Abelló se muestra convencido de que, precisamente por ello, el portavoz de Unió –Josep Maria Prats– debería ser considerado como un edil no adscrito y «no disponer de todas las condiciones con las que cuenta el resto de los grupos municipales».
Abelló teme que el hecho de que se permita que Unió tenga un grupo propio en la corporación de la Plaça de la Font «es un pago a cuenta del pacto de gobierno» que Unió firmó con PP y PSC el pasado 2 de febrero en Casa Canals.
El líder de la formación soberanista critica que el secretario general «no nos ha realizado ninguna consulta previa, no ha abierto ningún tipo de debate ni nos ha preguntado absolutamente nada para tomar su decisión». Por ello, el líder convergente quiere que «sea un juez quien dicte si Unió puede tener grupo municipal propio o si debe ser considerado como un concejal no adscrito». Albert Abelló es consciente, asimismo, de que el paso a los juzgados alargará el calendario, si bien se muestra decidido a «tener paciencia», ya que, «por ejemplo, en Manresa se ha decidido que los ediles de Unió sean no adscritos».
