Salou recupera más de 40 pisos vacíos para destinarlos a alquiler asequible

Después de años luchando por mantenerse en sus pisos, los vecinos de los dos bloques de VPO de Emprius, en Salou, ya pueden respirar tranquilos. La Generalitat compró hace un año a InmoCaixa 77 de las 80 viviendas que conforman esta promoción levantada en 2009 –las tres restantes las adquirieron particulares–. El objetivo, que se mantuvieran como vivienda de alquiler social. Más de la mitad de los pisos, una cuarentena, se mantenían cerrados a cal y canto, después de que los inquilinos los fueran abandonando a medida que vencían sus contratos de alquiler. Ahora, todos esos inmuebles volverán a abrirse para personas demandantes de alquiler social a través de los registros oficiales. Además, desde el Ayuntamiento de Salou han pedido que se prioricen las peticiones de vecinos del municipio.

Después de meses de papeleos y reuniones, el pasado miércoles, 28 de los inquilinos que todavía tenían contrato en vigor firmaron su nuevo arrendamiento con la Agència de l’Habitatge de Catalunya, que se responsabilizará a partir de ahora de gestionar estas 77 viviendas de Salou. Ponían fin así a una situación que comenzó hace más de cinco años, cuando el anterior propietario dejó de renovar los alquileres a los vecinos que cumplían su vigencia.

De hecho, una decena de residentes se encuentran aún en un limbo, ya que llevan tiempo pagando religiosamente sus cuotas, pero sin contrato en vigor. Ahora, la Generalitat volverá a estudiar su situación económica para comprobar que cumplen los requisitos y regularizar su situación.

«No somos ocupas, somos gente trabajadora y decente, que llevamos mucho tiempo viviendo aquí, pagando nuestros alquileres y queremos seguir haciéndolo»

«Estamos muy contentos, hemos peleado mucho y hemos conseguido que se consideren nuestras demandas. No somos ocupas, somos gente trabajadora y decente, que llevamos mucho tiempo viviendo aquí, pagando nuestros alquileres y queremos seguir haciéndolo», celebra Belén Gamero, una de las vecinas de los pisos. El nuevo contrato que han firmado tiene una vigencia de siete años y es prorrogable si se siguen cumpliendo con los criterios de vulnerabilidad.

Las mensualidades se mantienen entre los 300 y 400 euros, pero los vecinos han conseguido que se les reintegre la parte del IBI que anteriormente les cobraban. Además, «desde que entró la Generalitat, ha mejorado mucho la situación de la comunidad. Han cambiado calderas que estaban rotas, arreglado persianas y luces... Tenemos comunicación directa y eso es algo que no se había hecho nunca hasta ahora», indica Belén.

Cabe recordar que los vecinos de esta comunidad fueron pioneros en sumarse a la huelga de alquileres de Catalunya. A finales del año pasado, devolvieron dos de los recibos, en señal de protesta por las «cláusulas abusivas» que denuncian que les imponía el anterior propietario. A raíz de estos impagos, muchos de los inquilinos mantienen procesos legales abiertos pendientes de resolución.

60 más en Vila-seca y El Vendrell

Además de la promoción de Salou, la Generalitat incorporó en la operación de compra con InmoCaixa otros 350 pisos repartidos por toda Catalunya. 43 se encuentran en El Vendrell, donde los inquilinos que continúan viviendo en ellos firmarán hoy mismo los nuevos contratos con Habitatge.

En Vila-seca, InmoCaixa ya había vendido a particulares la mayoría de pisos que tenía en los dos bloques de VPO en el paseo Ciutat de Melbourne y que habían vencido sus contratos de arrendamiento. La Generalitat compró los 16 restantes, que seguirán en régimen de alquiler social. La semana pasada, renovaron sus contratos una decena de inquilinos, aunque hay vecinos que no tenían contrato en vigor y que están pendientes de aprobación tras volver a entregar toda la documentación.