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La pieza número 4 del caso Torredembarra investiga la supuesta adjudicación a dedo, entre el 2011 y 2013, de tres chiringuitos de la playa de la Paella al actual presidente local de CDC, Gerard Montserrat. En su escrito, la fiscalía considera prematuro hablar de ausencia de relevancia penal y hacer juicios de valor sobre las pruebas aportadas, por lo cual emplaza las partes a defender su postura en el juicio oral. Así mismo, la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Torredembarra considera que hay indicios de una adjudicación «arbitraria» y también rechaza el sobreseimiento del caso.
Según la investigación, el empresario Blas Niubó intercedió, con la ayuda del concejal, Pere Font, y del alcalde Daniel Masagué, para la adjudicación de las tres chiringuitos de la playa de la Paella entre los años 2011 y 2013 se hiciera, a dedo, a la empresa Promoesport, vinculada al actual presidente local de CDC, Gerard Montserrat. Por este motivo, el juez imputó a los cuatro en junio de 2015 por presuntos delitos contra la administración pública.
De hecho, en el escrito presentado por el abogado del Ayuntamiento, se critica que en el procedimiento negociado sin publicidad emprendido para la adjudicación de las chiringuitos se invitaran tres empresas -Promoesport, Fimongest y Manretar- que no tenían solvencia técnica ni experiencia profesional de las mismas en relación al objeto del contrato y que no se diera ninguna justificación. Después de renunciar las tres empresas a la licitación, haciendo que esta quedara desierta, se invitó directamente a Gerard Montserrat, a quien se le adjudicó.
Resulta relevante, según el consistorio, «la estrechísima relación existente entre las tres sociedades invitadas». Promoesport tenía como miembros del órgano de administración a Gerard Montserrat y su esposa, y a Vicente Sánchez. Fimongest era una sociedad en la cual figuraba como liquidador el hermano de Gerard Montserrat, quién era a la vez director general del área inmobiliaria de Vicsan, un grupo empresarial liderato por Vicente Sánchez. Finalmente, Manretar era una sociedad que tenía como apoderado a Vicente Sánchez. Hay que tener en cuenta, además, que la anterior adjudicataria del servicio entre 2007 y 2010 compartía domicilio social con Promoesport y Gerard Montserrat era el apoderado.
Según el escrito presentado por la representación legal del consistorio, hay indicios que apuntan a los motivos de la concesión. Así, en primer lugar se recuerda que Masagué declaró el 25 de noviembre del año pasado, en sede judicial, que Montserrat tenía relación con su mismo partido político. El letrado también se hace eco de una conversación telefónica intervenida entre la exinterventora Esther Agulló y el empresario Blas Niubó, en que se relacionan las chiringuitos con la voluntad de Montserrat de dar a apoyo a Masagué en la campaña de las elecciones municipales.
Declaraciones determinantes
Antes de tomar una decisión sobre si procede a archivar el caso o procede a abrir juicio oral, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Vendrell ha acordado citar a declarar como testigos, el 27 de enero, a un total de cinco personas, entre las cuales hay la exregidora denunciando de las presuntas irregularidades, Montserrat Gasull; al secretario municipal, Rafael Orihuel, y a la exinterventora Esther Agulló.
El 25 de noviembre pasado Masagué negó que hubiera habido irregularidades. Según dijo, no intervino porque la cuestión era competencia del entonces concejal Pere Font y sólo se limitó a firmar el decreto. El exalcalde defendió la corrección de la operación, puesto que constaban informes favorables de los servicios jurídicos y de intervención, que no tenían la oposición del secretario municipal. A su vez, Font declaró que no tenía conocimiento de la tramitación de los expedientes.
