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A juicio la primera pieza del Cas Torredembarra, los chiringuitos asignados a dedo

El exalcalde Daniel Masagué, que afronta tres años de prisión, está acusado de adjudicar a dedo los chiringuitos de la playa de la ciudad

ACN

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El exalcalde de CDC de Torredembarra y su abogado, Pau Simarro. FOTO: ACN

El exalcalde de CDC de Torredembarra y su abogado, Pau Simarro. FOTO: ACN

Este jueves ha empezado el primer juicio por la presunta corrupción en Torredembarra, el origen del 'caso 3%'. El juzgado penal 2 de Tarragona ha acogido el inicio de la vista oral sobre la cuarta pieza separada, en que se investiga la presunta adjudicación irregular de los chiringuitos de la playa al exjefe local de Convergència de la ciudad, Gerard Montserrat.

Los procesados son el exalcalde, Daniel Masagué; el exconcejal de Playas, Pere Font, -también de CDC- y el propio Montserrat, que declararán este viernes.

Se enfrentan a penas de hasta tres años de prisión por los supuestos delitos de prevaricación, y fraude y extracciones ilegales a la administración pública. En su llegada a los juzgados, Masagué se ha declarado inocente y ha dicho que ha sido víctima "de una persecución".

El exalcalde ha señalado que quiere defender durante el juicio "la acción del gobierno" y demostrar "que las cosas se hicieron bien", tanto por parte de los políticos como de los técnicos municipales. "Cuando veamos el resultado del juicio cada cual sacará conclusiones, pero después de leerme la causa cuatro veces, tengo claro que se hizo mucho y que no entiendo porque estoy aquí. Espero la libre absolución", ha añadido.

La fiscalía y la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento sostienen que el entonces alcalde, Daniel Masagué, y el concejal de Playas, Pere Font, vulneraron la normativa de contratación y adjudicaron de forma "arbitraria" a Gerard Montserrat, empresario y jefe local de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), los contratos de arrendamiento y suministro de tres chiringuitos de las playas del municipio durante las campañas 2012 y 2013.

Según la fiscalía, el edil Pere Font acordó iniciar un procedimiento negociado y sin publicidad al cual el consistorio invitó las empresas Promoesport, Fimongest y Manretar, "todas ellas relacionadas entre sí" con Gerard Montserrat. Se da el caso que no constaba que ninguna de ellas tuviera solvencia técnica, financiera ni experiencia profesional con este tipo de servicios, según los investigadores. Finalmente, las tres empresas renunciaron a la licitación, haciendo que quedara desierto, con lo cual Font invitó directamente a Montserrat, a quién le adjudicaron el servicio.

A la vez, se da el caso que la anterior adjudicataria de los chiringuitos -del 2007 al 2010-, Gevidoscracks, compartía domicilio social con Promoesport y Montserrat era el apoderado.

El Ayuntamiento le adjudicó de nuevo a pesar de que el anterior contrato con esta empresa acabó con una sanción grave por el impago del canon al Ayuntamiento, entre otros incumplimientos, que según la fiscalía impedían que aspirara a la concesión. Además, la acusación pública apunta que otro objetivo de la adjudicación arbitraria era "rentabilizar" la compra de los chiringuitos que hizo en su momento la firma, puesto que el Ayuntamiento acabó pagándole un arrendamiento.

Este jueves la vista se ha centrado en la declaración de varios testigos. Los primeros han sido los dos agentes de la Guardia Civil que lideraron la instrucción, los cuales han corroborado las "vinculaciones" existentes entre las tres firmas invitadas por el edil. Además, han recordado que la macrocausa se inició a raíz de una denuncia de la regidora de ERC Montserrat Gassull (fallecida), que denunció "supuestos delitos contra la administración pública de forma masiva" en el seno del Ayuntamiento.

La entonces jefa de contratación, Elisabeth Cabré, ha declarado que normalmente era el regidor de turno quién le indicaba el nombre de las empresas invitadas a los procedimientos negociados. En esta línea, ha afirmado que en el Ayuntamiento no se solían hacer negociaciones por ninguno de estos procedimientos negociados –un extremo que también han confirmado, como práctica general en la mayoría de administraciones, otros testigos-.

Por su parte, el secretario municipal, Rafael Orihuel, ha declarado que el alcalde cuestionaba constantemente los informes de la responsable de contratación. "Hablaría de un acoso hacia ella", ha afirmado. Además, el secretario ha dicho que Font tenía una relación "de obediencia total" respeto el alcalde Masagué, a quien ha definido como "la persona que mandaba".

Penas de prisión y de inhabilitación

La fiscalía señala Masagué y Font como autores de un supuesto delito continuado de prevaricación, mientras que en Montserrat lo considera un cooperador necesario. Además, los acusa a los tres de un delito continuado de fraude y exacciones ilegales a la administración pública.

El exalcalde Daniel Masagué se enfrenta a tres años de prisión y 19 años de inhabilitación, mientras que Pere Font afronta dos años de prisión y 18 de inhabilitación.

A Gerard Montserrat la fiscalía le pide dos años de prisión y 18 de inhabilitación para cargo público, y cinco años más de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con entes públicos y para disfrutar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

En concepto de responsabilidad civil, el ministerio fiscal pide que los tres acusados indemnicen el Ayuntamiento con 30.212,49 euros. Este es el importe pagado por el consistorio en el contrato de suministro de los tres chiringuitos que se adjudicó, por decreto de alcaldía, el marzo del 2012.

El entramado del 'caso Torredembarra'

Esta rama es tan solo una de las nueve piezas separadas con que cuenta el 'caso Torredembarra', iniciado en los juzgados del Vendrell. Además, la causa fue el origen del 'caso 3%' -la presunta financiación irregular de CDC mediante comisiones a cambio de adjudicación de obra pública-, que ha acabado en manos de la Audiencia Nacional.

Mientras tanto, la pieza separada número 1, que investiga la presunta adjudicación a dedo de dos locales, llegará a juicio a la Audiencia de Tarragona del 15 al 28 de abril.

En verano el juzgado del Vendrell también dejó a punto de juicio otro procedimiento que agrupa varias ramas de la investigación. En concreto, las relaciones con la constructora Teyco -pieza número siete-; la adjudicación del parking de Filadors -pieza número cinco-; la adjudicación a Nordvert del servicio de limpieza y de recogida de la basura -pieza número cinco- y las obras de la piscina municipal -pieza número nuevo-.

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