Amenazas, denuncias y el adiós de 172 caravanistas en un camping de Cambrils

La adaptación al plan director urbanístico de campings de Catalunya del complejo La Corona, situado en Cambrils, no está siendo nada plácido. Administradores y clientes de temporada protagonizan un duro conflicto de intereses que ha tenido como resultado desde amenazas a insultos, daños materiales, denuncias cruzadas y la decisión de 172 de los 353 abonados de no continuar en 2022, después de muchos años de fidelidad, por cómo se han desarrollado los últimos acontecimientos.

El origen de la historia se remonta al 16 de septiembre, cuando la nueva administración del camping comunicó a los clientes la adecuación de las parcelas a las nuevas condiciones que marca la normativa. 60 de los caravanistas debían dejar limpias sus parcelas, a muy tardar el 24 de octubre, y por tanto desmontar suelos, barbacoas y cocinas de obra y módulos que el propio camping, con 50 años de antigüedad, les había permitido en el pasado. Y serían reubicados en 2022. Al resto de los abonados se les notificó que deberían hacer lo mismo al final de esa temporada, aunque la empezarían con nuevas normas.

Ese margen de tiempo para desmontar todos los elementos fijos de la parcela y llevarse en algunos casos módulos prefabricados (ya no estarán permitidos) precipitó el conflicto. Hubo protestas en el interior del camping, caceroladas y mucha tensión entre los clientes y los administradores/personal (incluso la policía tuvo que personarse en las instalaciones para apaciguar los ánimos). La mesa de diálogo creada entre ambas partes consiguió rebajar las diferencias, aunque difícilmente los protagonistas olvidarán las situaciones vividas aquel fin de semana y los sucesivos.

Ahora que el camping ha cerrado por fin de temporada -lo hizo este domingo- unos y otros ofrecen sus versiones.

Raquel Teruel es una de las clientas que ha decidido dejar La Corona, tras nueve años. Explica que «desde que el camping nos comunicó su decisión ha sido el trato que nos han dispensado y el poco tiempo que nos han dado lo que ha colmado el vaso. Entendemos que deba adaptarse a la nueva normativa, pero han obligado a los campistas a buscarnos la vida en esos pocos fines de semana, sin prestarnos ayuda, y la mayor parte de nosotros venimos de otras provincias», asegura.

Cita por ejemplo que el camping no ha querido respetar una fianza de 15.000 pesetas que algunos clientes pagaron en su día por si llegaba el momento de desmontar las obras. O que el camping ha cobrado una tasa de 300 euros por esas labores -a través de una empresa externa- cuando el propio marido de Raquel se ofreció gratuitamente a ayudar a quien lo quisiera con su propia retroexcavadora. «Les mandamos la documentación que nos pidieron para hacerlo y luego ni nos contestaron», lamenta Raquel.

Caravanas a la venta

Asegura que ante esa premura muchísimos clientes han tenido que malvender sus caravanas, algunos incluso a cambio de no tener que costear los 300 euros de esos trabajos de desmontaje. Y cita a Concha y Cipriano, una pareja de jubilados andorranos que llevaban 38 años en el camping.

Raquel también ha tenido que desprenderse de la caravana, aunque debido a la imposibilidad de poder trasladarse a algún otro camping de la Costa Daurada por falta de plazas. «El ambiente entre los clientes era buenísimo, lo mejor del camping; mis hijos se lo pasaban en grande, la verdad. Me marcho por el trato recibido».

La madre de Raquel, Paqui Amador, es otra de las que se van. Ella se siente engañada porque en mayo «me autorizaron a instalar un módulo de madera. Hice la inversión, y ahora en septiembre me dicen que ya no puedo tenerlo. Hemos perdido dinero y también la salud con este disgusto».

Se queja además que los containers que puso el camping para los escombros «fueron insuficientes» y que ante esa situación «querían que paráramos y siguiéramos otro día con el desmontajes».

Paqui asegura que «a mí personalmente me faltaron al respeto» (ha presentado denuncia); y añade que «el trato ha sido inhumano; por eso se han marchado tantas personas. Querían de antemano que los parcelistas fijos nos fuéramos. Han destrozado la gran familia que éramos», añade.

La Corona desmiente todas esas acusaciones. Su gerente, Laureà Marcén, explica que «los cambios que se comunicaron obedecen al plan de adecuación. Es cierto que durante muchos años se permitió a los campistas una serie de construcciones, pero ahora hay un cambio de normativa que se debe cumplir. Se trata de criterios de sostenibilidad, que es hacia donde van los campings, pero algunos clientes se lo han tomado mal porque perdían sus comodidades. Ellos se pusieron las prisas».

Añade que «si quisiéramos especular o vender el camping sin clientes fijos como decían no les hubiéramos ofrecido seguir con un incremento de sólo el 4,5% (el precio medio de cada parcela por temporada es de 3.000 euros), cuando en muchas otras partes ha sido del 25% en un cambio de adecuación como este».

Sobre las críticas asegura que «hemos dado facilidades». Y lamenta el incivismo mostrado por algunos clientes que le costarán al camping 30.000 euros: «Nos rajaron algunas tiendas de tela y los cables del wifi durante las protestas. Está todo denunciado», explica Marcén, además de admitir que pasó miedo el primer fin de semana tras notificar los cambios a los clientes. «Insultaron y amenazaron al personal, aparecieron pintadas contra nosotros y yo mismo tuve que escapar por una ventana del despacho».