El Ayuntamiento de Calafell pretende desmantelar de manera inmediata las perreras ilegales que hay repartidas por el municipio. De momento se habrían contabilizado ocho aunque se investigará si hay alguna más.
Esos recintos, con jaulas en las que se guardan los perros y otros están sueltos, carecen de licencias urbanísticas, sanitarias, medioambientales y de actividad, por lo que son ilegales, además de generar afectaciones para el medio y los vecinos, según denuncia el Ayuntamiento.
Expedientes
El alcalde, Ramon Ferré, explica que ya se están redactando los expedientes y que la próxima semana debería poder eliminarse algunos de esos recintos. Ferré señala que se abrirá un expediente por incumplimiento urbanístico ya que es con el que se puede intervenir con mayor urgencia.
La polémica se ha desatado después de que un vecino publicase la imagen de un perro muerto en uno de esos recintos en los que se guardan los animales. Ramon Ferré señala que «hemos comprobado que la imagen es de una de las perreras ilegales que hay en Calafell».
El concejal de Urbanismo Miguel Angel Perin señala que esas instalaciones «ni tienen licencia urbanística ni la pueden tener». Para ese tipo de actividades debe disponerse de la concesión de núcleo zoológico del que carecen los propietarios de los animales.
La polémica de la presencia de perreras en zonas donde urbanísticamente no están autorizadas no es nueva en Calafell. La pasada legislatura el actual alcalde, entonces en la oposición, ya denunció la permisividad del gobierno local hacia estas instalaciones. Entonces se advirtió que carecían de la catalogación de núcleo zoológico y que el Plan General tampoco señala dónde instalar ese tipo de actividad.
Los residuos
La preocupación, además del estado de los perros, es dónde se vierten los residuos que generan y también la falta de control del número de animales con lo que supone a la hora de la eliminación de los que mueran.
Además de la acción municipal, a través de la red colaborativa Change.org, un grupo de vecinos ha comenzado una recogida de firmas que piden el desmantelamiento de esas instalaciones.