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El Ayuntamiento de Calafell gestionará 58 viviendas en el municipio que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha cedido al consistorio.
El acuerdo ya se ha firmado. La Sareb cede temporalmente las viviendas al Ayuntamiento por cuatro años prorrogables anualmente hasta un máximo de otros cuatro.
Las viviendas cedidas podrán estar ocupadas por familias en situación de impago o sin título de alquiler. La Sareb percibirá una contraprestación fija mensual de 125 euros por las viviendas libres y de 75 euros por las ocupadas. La cantidad es para los gastos de seguros y comunidad.
Mantenimiento
Por su parte, el Ayuntamiento asumirá los cargos correspondientes a la gestión de la vivienda, así como su mantenimiento ordinario y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Ahora se revisará el estado de las viviendas tanto en su conservación como si están ocupadas. En el caso de que sean necesarias reparaciones, el consistorio las asumirá si no sobrepasan los 14.000 euros. Esas obras son al 50% con Sareb. En el caso de que el Ayuntamiento rechace algunas de las viviendas, el acuerdo se mantiene con las restantes. La concejal de Servicios Sociales, Elena Rubio expliva que en el caso de sobrepasar esa cantidad está la opción de cambiar de vivienda.
También puede haber viviendas que ya estén ocupadas. Si es por personas que están atendidas en programas de Servicios Sociales municipales se les ofrecerá un alquiler social ajustado a sus ingresos, pero deberán participar en programas de formación ocupacional y de ofertas de empleo y de reinsercción que se activen.
Okupadas
En el caso de que en alguna de las viviendas estén okupadas por causas que no sean de emergencia habitacional, el alcalde Ramon Ferré explica que «se les invitará a salir». Ferré señala que el programa es para atender casos de emergencia para familias que se vean en la calle o para casos de urgencia por violencia de género.
Ahora se están estudiando el estado de los pisos, además de los casos de las familias apuntadas en la bolsa de emergencia habitacional y a las que no se podía atender por falta de vivienda social en el municipio. Una veintena de las viviendas son del edificio que estaba totalmente okupado y que fue desalojado el pasado enero.
