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Costa Tribunales

Catorce procesados por los disturbios tras la muerte de un mantero en Salou

La Fiscalía pide una pena global de 130 años de prisión y una indemnización de más de 180.000 euros

Àngel Juanpere

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Los participantes en los altercados volcaron durante horas contenedores en la calle y en la vía del tren. FOTO: DT

Los participantes en los altercados volcaron durante horas contenedores en la calle y en la vía del tren. FOTO: DT

Catorce senegaleses serán Juzgados en la Audiencia Provincial de Tarragona por los graves disturbios ocurridos en agosto de 2015 en Salou, con corte de la vía férrea durante ocho horas, tras la muerte de un mantero cuando huida de los Mossos d’Esquadra, que irrumpieron en su domicilio. El fiscal pide penas que suman 130 años de prisión así como indemnizaciones de 180.272,48 euros.

Los graves acontecimientos se produjeron el 11 de agosto de 2015 después del fallecimiento de un compatriota, que se precipitó por el balcón de su casa. El escrito de acusación, al que ha tenido acceso el Diari, recoge que los catorce procesados, «puestos de común acuerdo y con propósito de alterar la paz pública y menoscabar bienes de propiedad comunal y la tranquilidad de ánimo de la población» realizaron una serie de graves hechos, que el fiscal relata pormenorizadamente.

En primer lugar señala que los procesados hicieron uso de botellas conteniendo líquido inflamable, palos de madera obtenidos de la fractura de las papeleras, ramas de árboles deshojadas, piedras o baldosas y contenedores. En primer lugar, junto con otras personas –era 70 en total–, que no han sido identificadas, se concentraron en la plaza Sant Jordi a partir de las ocho de la mañana. Comenzaron a lanzar masivamente piedras, palos y mobiliario urbano al dispositivo policial que se había situado como línea policial para proteger a la comitiva judicial, los servicios funerarios y los agentes encargados de los registros domiciliarios.

Finalmente, a las once y media de la mañana se ordenó una carga policial para desalojar la plaza. Hasta aquel momento, el grupo impidió el levantamiento del cadáver del fallecido, así como también la salida y circulación del furgón de los servicios funerarios y después de la comitiva judicial. Cuando finalmente pudieron conseguir emprender la marcha, el vehículo de los Mossos que precedía al de la funeraria fue detenido por el colectivo de personas. Una de ellas arrancó el retrovisor y el coche fúnebre fue atacado con el lanzamiento de piedras, resultando lesionado el conductor.

Mientras tanto, los acusados y otras personas golpearon y acometieron contra los agentes, dispuestos en líneas policiales para contener a la multitud.

Sobre las once de la mañana, los concentrados arrancaron las barreras del paso a nivel de la calle Barcelona, mientras que otros «vandalizaron» los cables de conexión, invadieron las vías y colocaron contenedores de basura y piedras. A causa de dicha invasión fue necesario cortar la circulación de trenes desde las 11.30 a las 22 horas entre las estaciones de Tarragona y L’Hospitalet de l’Infant, haciéndose transbordos por carretera. Se generaron retraso en 18 trenes de larga distancia, 17 regionales y dos de cercanías. Por su parte, fue necesaria la supresión de dos de larga distancia, dos regionales y uno de cercanías.

Servicio alternativo en autocar

Tales acontecimientos requirieron el establecimiento de planes alternativos, especialmente el transporte por carretera entre Tarragona y Cambrils en autocares ya que la estación de Salou quedó sin servicio de viajeros al no ser autorizada la recogida con autobuses por el grave riesgo generado. En total se vieron afectados 57 trenes y 8.000 pasajeros. Los costes de los servicios alternativos contratados por Renfe ascienden a 78.147 euros. Los daños en las vías fueron valorados en 69.066,26.

También causaron daños en vehículos policiales y bienes públicos de la calle, además de cortar el tráfico rodado de las vías públicas, tanto ferroviarias como de vehículos a través del lanzamiento de contenedores y adoquines, arrancamiento de papeleras, incendios de contenedores y lanzamiento de sillas, mesas, sombrillas y sus soportes de hierro pesado. También menoscabaron la propiedad privada de establecimientos comerciales que se encontraban en la zona de la calle Barcelona, plaza De Sant Jordi y calles adyacentes. También la emprendieron con los transeúntes y agentes, que debieron intervenir para recuperar el orden público quebrantado.

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