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Los propietarios de cuatro apartamentos del edificio número 7 de la calle Londres de Miami Platja hace 12 años que viven una pesadilla. Compraron sus pisos en 2007 pero nadie les informó de que los vecinos del bloque de atrás, del Edificio Coral, habían denunciado la obra en 2004 porque no cumplía con la altura permitida legalmente. Se construyó de 11,20 metros y el límite legal eran 8 metros.
El juez, en primera instancia, dio la razón al Ayuntamiento y los trabajos siguieron adelante y se finalizaron en agosto del 2006. Los vecinos siguieron el proceso judicial y llevaron el conflicto al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y este dictaminó en 2008 que se debían derrumbar parte de los dos áticos.
Según la sentencia, el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp es el responsable de restaurar la legalidad urbanística del edificio ya que dieron una licencia irregular y por lo tanto, se debe hacer cargo de adecuarlo. Los propietarios consideran que entonces el Ayuntamiento debía suspender de forma cautelar las obras hasta que no se hubiera resuelto el procedimiento judicial.
Cuando los propietarios tramitaron el alta de los suministros de luz y agua de las viviendas, se dieron cuenta de que no tenían otorgada la licencia de primera ocupación a pesar de que en la escritura notarial de compraventa constaba que sí. Denuncian que la promotora Habitamia Bulding Group, SL les había engañado vendiéndoles una vivienda que no gozaba de los permisos legales necesarios para su habitabilidad. Intentaron contactar con la promotora para solventar el problema pero no lo consiguieron. Había desaparecido del domicilio social y no constaba que tuviera actividad alguna.
Los propietarios pidieron la licencia de primera ocupación al consistorio pero también se la denegaron y denuncian que sin este documento no podían tener agua ni luz: «Hace 12 años que lo compramos, estamos pagando una hipoteca y no hemos podido disfrutarlo», lamenta Consol López, una de las propietarias afectadas.
La promotora tan solo había dejado la luz provisional de la obra y no fue hasta hace 4 años que consiguieron tener agua.
En 2009 el Ayuntamiento les pidió que arreglasen la bomba de agua y adecuaran la acometida eléctrica para darles la licencia de primera ocupación: «Pagamos, hicimos las obras pero ellos no han hecho absolutamente nada. Llevamos 12 años de sufrimiento (…) Es muy injusto, nadie nos ha defendido ante la administración, ni los jueces», dice López.
En 2011 los propietarios se enteraron de que el consistorio no podía concederles la licencia de primera ocupación por la resolución judicial que declaraba nula la licencia de obras concedida. Y denuncian que el Ayuntamiento no se lo comunicara desde el principio.
Posteriormente, la situación se agravó aún más. Hace 4 o 5 años algunos apartamentos del edificio fueron ocupados. De los ocho pisos, cuatro son propiedad de los bancos. En un principio, tan solo se habían ocupado estos pero hará cuatro meses también se metieron en dos de propiedad privada. Aseguran que se trata de «delincuentes» y que «trapichean con drogas».
A Consol le han entrado a robar tres veces este 2019: «Me han robado el sofá, la nevera, los muebles, mesas, sillas…todo. Están destrozando el edificio, incluso las zonas comunes» y ahora ha optado por tapiar su apartamento. En verano pidieron al consistorio que precintara el bloque por obras para evitar más ocupaciones, pero no lo consiguieron. Consideran que tener la licencia parcial de primera ocupación les hubiera permitido cerrar los apartamentos y poner alarmas.
Según el Ayuntamiento, se inició un proceso judicial para fijar las condiciones del derrumbe y la ejecución de las obras y no se resolvió hasta el 19 de abril del 2019. Fue entonces cuando el juzgado aprobó el proyecto que presentó el consistorio. «Hasta ese momento no dispusimos de la orden judicial concreta de las obras que debían realizarse (…) y la licencia de primera ocupación no la podíamos dar porque la promotora no acabó el edificio», explica el alcalde, Fran Morancho. En 2019 el equipo de gobierno incorporó una partida presupuestaria de 230.000 euros para las obras.
Según Morancho, ahora están trabajando los pliegues técnicos para iniciar la licitación para llevar a cabo la reforma de los dos áticos en breve.
Sin indemnizaciones
En agosto del año pasado el Ayuntamiento se reunió con los propietarios para llegar a un acuerdo. El consistorio se comprometió a acondicionar el edificio para poderles dar la licencia de primera ocupación, y arreglarían los desperfectos ocasionados por los ocupas y a cambio los vecinos no pondrían ninguna demanda por daños y perjuicios. El edil considera que otro proceso judicial habría alargado mucho más todo el proceso. Según el departamento jurídico del consistorio, la resolución judicial da fuerza a la administración para forzar la marcha de los ocupas por cuestiones de seguridad de la obra.
Los propietarios están indignados y no quieren admitir que «todo sea tan lento» y les perjudique de ese modo.
