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Una resolución de Inspección de Trabajo reclama al Ayuntamiento de Calafell 26.000 euros en concepto de la Seguridad Social que debería haber satisfecho por el trabajador Ferran Rodríguez. La resolución también obligaría al Consistorio a la readmisión, pero Rodríguez falleció el pasado julio, sin conocer la sentencia, tras una larga enfermedad.
La resolución es recurrible, pero el alcalde Ramon Ferré (PSC) señala que el Ayuntamiento acata la sentencia. En su Facebook Ferré dice que «el gobierno decide no defenderse y da la razón a Ferran. Ya es hora que se haga justicia. Lástima que llegue tarde, pero Ferran se lo merecía».
La situación arranca cuando Rodríguez, periodista en Calafell Ràdio durante casi dos décadas, solicitó una excedencia para realizar trabajos en medios de comunicación digitales aunque sin desvincularse de la emisora. Cuando solicitó reincorporarse a su puesto, con anteriores equipos de gobierno, no se le concedió y comenzó una pugna.
El actual alcalde dice que «la excusa fue que le habían hecho mal la excedencia» y que «Ferran fue maltratado por el Ayuntamiento en diversas ocasiones, especialmente en el último tramo de su vida».
El anterior alcalde Joan Olivella (CiU) ha respondido en su Facebook que el anuncio de Ferré es «oportunista y desafortunado» y señala que cuando gobernó el PSC (2007-2011), «se contrató a tres trabajadores en la radio y a Rodríguez no se le dió la oportunidad».
La polémica sigue porque tras la negativa a la plaza Rodríguez estuvo en la emisora de autónomo facturando mensualmente. En esa situación se le detectó la enfermedad y en la anterior legislatura y mientras recibía quimioterapia «se le notificó que su contrato había finalizado», según Ferré. Pero Olivella responde que Rodríguez hacía 10 años que dejó la plantilla y pasó a ser autónomo facturando a la emisora por diversos servicios.
El ex alcalde dice que el periodista hacía 8 años que intentaba regresar a la plantilla pero no lo permitía la normativa de los últimos años «y según los técnicos de Recursos Humanos no se le podía contratar y aumentar la plantilla.
Olivella dice que El PSC podía haberlo contratado cuando gobernaban. Destaca que el gobierno de CiU «duplicó» lo que pagaba «y nunca se dejó de abonar una factura en el plazo de la tesorería municipal entre el 8 y 14 de cada mes». Además de que «no se le rescindió ningún contrato. «El pidió la baja y por tanto hubiese sido un delito pagar más facturas y ni la intervención ni la tesorería municipal lo hubiesen permitido».
El pasado marzo Rodríguez denunció al Ayuntamiento y hace un mes la Inspección de Trabajo ha fallado a su favor. Ferré lamenta que Rodríguez, muy apreciado entre las entidades del Baix Penedès, a las que seguía en sus competiciones, «no haya podido por dos meses tener la satisfacción de ver reconocido su derecho». El periodista tendrá otro homenaje el 10 de septiembre cuando se pondrá su nombre al estudio principal de la emisora donde realizó centenares de programas.
