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El informe que hizo público el miércoles la Sindicatura de Comptes de Catalunya, donde analizaba detenidamente las cuentas del Ayuntamiento de Creixell entre los años 2006 y 2010, ya ha tenido las primeras consecuencias.
En un comunicado emitido ayer por la tarde, el Partido Popular catalán informó que el Comitè de Drets i Garanties del PPC abrirá un expediente informativo a Teodor Fuster, alcalde durante aquella etapa, para analizar a fondo el informe. Además, añadió que, posteriormente y en función de las conclusiones del análisis, valorará «solicitar al Comitè Nacional de Drets i Garanties la suspensión cautelar de militancia de Fuster».
La nota del PP catalán llegó poco más de una hora después de otro comunicado, en este caso del PP de Creixell -liderado por el propio Fuster-, donde quiso puntualizar distintas cuestiones. En primer lugar, Fuster se defendía apuntando que las cifras de las que hablaba el informe siempre habían sido públicas y fueron aprobadas por unanimidad, a lo que añadía que «entendemos que el informe no aporta ninguna novedad». También señaló que en aquel periodo (el anterior mandato), «el PP siempre mostró total transparencia en su gestión, y esto lo demuestra el hecho de que ningún grupo municipal hizo nunca ninguna denuncia expresa en ninguna sesión plenaria respecto a la gestión del equipo de gobierno, como indica el mismo informe de la Sindicatura».
Inversiones ‘necesarias’
EL PP de Creixell también justificó que las inversiones realizadas en su día «eran necesarias para el pueblo de Creixell». Además, criticaron al actual gobierno: «El hecho de que no haya presentado alegaciones deja en entredicho el trabajo hecho por los funcionarios». Y concluye que «nunca se tramitó una documentación para subvenciones en la que se incumplieran las normas».
El informe de la Sindicatura alertaba, entre otras cuestiones, que en todo este periodo no hubo presupuestos, y que a partir del 2007 el Ayuntamiento dejó de ingresar las cuotas a la Seguridad Social, «tanto a la cuota patronal como a la que corresponde a los trabajadores». Y añade: «Se otorgaron subvenciones al consistorio sin que estuviera al corriente en el cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social, aunque el alcalde declaró que sí». Es en este punto cuando afirma que estas actuaciones podrían ser «perseguibles, tanto administrativamente como judicialmente».
