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Crimen del 'juego sexual' en Salou: el acusado no se moverá de la cárcel hasta el juicio

La Audiencia Provincial alarga dos años la prisión preventiva por matar a una mujer en 2016

ÀNGEL JUANPERE

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El acusado, durante su declaración en el juicio que tuvo lugar en la Audiencia Provincial. FOTO: ACN

El acusado, durante su declaración en el juicio que tuvo lugar en la Audiencia Provincial. FOTO: ACN

Claudio Augusto Santana Dos Santos, el ciudadano brasileño acusado de haber matado una mujer en Salou en 2016, seguirá en prisión preventiva. Así lo recoge un auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona.

El procesado fue condenado inicialmente a tres años y medio de prisión por homicidio imprudente. Pero el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) ordenó repetir el juicio. La Audiencia dejó entonces en libertad provisional al sospechoso, aunque con medidas cautelares, como acudir periódicamente al Juzgado a firmar. Pero el hombre huyó de la justicia, hasta que finalmente el pasado 26 de junio la Policía Nacional lo detuvo en El Ejido (Almería). Y desde entonces vuelve a estar entre rejas.

En 2017, el jurado popular encontró al acusado culpable de un delito de homicidio por imprudencia. La magistrada lo condenó a tres años y medio de prisión. La sentencia consideró probado que el acusado, natural de Brasil, residía en agosto de 2016 en Salou junto con su esposa y su hijo. El día 22, el encausado contactó con un hombre para que le proporcionara sustancias estupefacientes y una chica para mantener relaciones sexuales.

La víctima se presentó sobre las 23.40 horas en el domicilio del acusado, donde ambos mantuvieron relaciones sexuales de manera discontinua. En una hora no determinada entre las 5.50 horas y las 7.57, mientras la víctima estaba de espaldas y maniatada en el transcurso de una relación sexual, practicando la hipoxifilia, el acusado puso sus manos alrededor del cuello de la mujer apretando el mismo con fuerza, impidiéndole la respiración hasta causarle la muerte.

A las 17.50 horas del día siguiente, el acusado acudió a la comisaría de los Mossos. Manifestó haber mantenido relaciones sexuales con una persona y percatarse al levantarse por la mañana de que estaba muerta. Posteriormente, ya en el lugar de los hechos, reconoció haber dado muerte a la mujer.

Tanto el fiscal –que consideraba que fue un homicidilio doloso– como la defensa presentaron sendos recursos de apelación. La sentencia del TSJCat afirmaba que el objeto del veredicto no incluyó ninguna proposición sobre el riesgo para la vida de la víctima que representó la práctica sexual. En este sentido, recogía que la magistrada decidió incluir todas las opciones de culpabilidad posibles, tanto desfavorables como favorables, en una sola proposición. Los magistrados ordenaron repetir el juicio con un nuevo juez.

El 21 de septiembre de 2018, después de conocer la decisión del TSJCat, la Sección Segunda de la Audiencia de Tarragona acordó la libertad provisional del acusado. Tenía la obligación de comparecer los lunes de cada semana ante el Juzgado de Guardia de su domicilio y comparecer ante la Sección Segunda el día 1 de cada mes a los efectos de dar cuenta de sus circunstancias personales, sociales y laborales, además de en cuantas ocasiones fuere llamado.

Comparecencia mensual

La Sala acordó igualmente la prohibición de salida del territorio nacional, con retirada del pasaporte, y con la obligación de designar domicilio a efectos de citaciones y notificaciones en España. Pero según la Audiencia, el acusado dejó de cumplir con las obligaciones establecidas de acudir al Juzgado, sin haber dado ninguna explicación.

Finalmente, en febrero de este año, la Audiencia decretó una orden de búsqueda y captura. Fue detenido el 26 de junio y desde el 11 de julio está en prisión preventiva –donde ya estuvo antes del juicio–.

El próximo sábado se cumplía el plazo máximo de dos años de estar en prisión preventiva. El fiscal solicitó ampliarlo dos más, el tiempo límite que prevé la ley. Considera tanto la gravedad de los cargos como la de las penas que se piden, además de la inmediata celebración del juicio. Todo ello podría provocar, según el Ministerio Público, su fuga de España al carecer de arraigo en el país. El abogado defensor pidió la libertad provisional.

La Audiencia de Tarragona recuerda que se le puso en libertad provisional el 21 de septiembre del año pasado con una serie de obligaciones, que incumplió, teniendo que ser llevado de nuevo a la prisión. Además, se ha señalado ya el próximo lunes para constituir el jurado, del hecho de que el acusado no tiene arraigo familiar ni laboral de intensidad suficiente, son factores que indican que podría darse de nuevo a la fuga.

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