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El juzgado contencioso de Tarragona obliga al Ayuntamiento de Cunit a repetir el proceso para cubrir una plaza que convocó en 2013 exigiendo la titulación de ingeniero técnico industrial y que ya cubrió.
La precisión de la formación fue denunciada por la Associació Autonòmica Catalana d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions y por el Colegio Oficial de Ingenieros técnicos de minas de Catalunya y Baleares, que se vieron excluidos.
La plaza era para realizar tareas de «control y ordenación a la legalidad de actividades con incidencia ambiental». Los denunciantes consideraron ilógico limitar la convocatoria a ingenieros técnicos industriales. En un primer momento presentaron un recurso ante el Ayuntamiento pero fue rechazado, por lo que acudieron a los tribunales.
Ahora el juzgado contencioso de Tarragona determina que el Ayuntamiento repita la convocatoria y que se limite a reclamar la formación de ingeniería técnica o diplomado sin excluir otras especialidades como la de minas. Además, condena al Ayuntamiento a pagar 600 euros de costas judiciales.
Habrá recurso
Fuentes municipales explican que presentarán recurso y mantienen que el puesto debe cubrirlo un ingeniero técnico industrial. El concejal de personal, Julio Ramon (CiU) explica que el puesto es para hacer certificados y licencias de actividades «y eso es una formación de ingenieros industriales. En la carrera tienen materias específicas para ello».
La plaza estaba cubierta desde 2008 por personal interino, pero en 2013 el Consistorio quiso cubrirla con un funcionario de carrera, por lo que realizó la convocatoria, que ya generó polémica entre los colegios de ingenierías y también porque consideraron que era muy precipitada. Los denunciantes señalan que delimitar la plaza a un determinado tipo de ingeniería para el trabajo que debe desarrollar el ganador de la plaza supone cerrar el paso a otros candidatos.
El Ayuntamiento de Cunit defiende además que la convocatoria de la plaza estuvo revisada por el secretario de la corporación «por lo que es perfectamente legal», apunta Ramón.
