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El Ayuntamiento de Calafell (PSC, PP, UAM) se personará como acusación en una denuncia contra el anterior concejal de policía Francesc Clavero (CiU) y un sargento del cuerpo por presuntamente haber cancelado multas de tráfico a amigos, familiares, otros concejales y propias entre los años 2011 y 2015.
Las diligencias previas se siguen en el juzgado de El Vendrell tras una investigación de la Fiscalía por el aviso que recibió sobre la cancelación de las multas. La cantidad perdonada ascendería a 11.548 euros según una primera estimación realizada por el servicio de recaudación de la Diputació Base, a quien el Ayuntamiento tiene delegado el servicio.
Restituirse
El Consistorio explica en la página web municipal que se personará como acusación tras recibir del juzgado la posibilidad de constituirse en acusación como parte perjudicada por la cancelación de las sanciones. Al estar personado podrá conocer la evolución de la investigación y los beneficiarios de la anulación de las multas.
El alcalde Ramon Ferré (PSC) señala que «si se confirma el perjuicio económico debe restituirse», pero el alcalde va más allá y señala que «debe aclararse lo que ha pasado y llegar hasta el final». El grueso de las multas corresponderían a sanciones de zona azul aunque también habría por otras infracciones. El Ayuntamiento explica que las multas habrían sido puestas por la Policía Local «y presuntamente fueron anuladas sin razón o motivo de los previstos en la Ley».
El Diari intentó ponerse en contacto, sin éxito, con el propio concejal denunciado y con responsables de CiU que gobernaba en la anterior legislatura.
Puede ser más
Según el comunicado municipal, la junta de gobierno local acordó comparecer como parte afectada en la causa y reclamar el importe de las sanciones que dejaron de cobrarse y que consideran que puede ser superior a los 11.548 euros.
También en el seno del gobierno destacan que de confirmarse la irregularidad por la retirada de las multas no es admisible que quien tenía el encargo de velar por la legalidad la incumpla, por lo que debería haber dimisiones.
Señalan como «intolerable» que los concejales que aprueban el funcionamiento de la zona azul y su precio para que los vecinos paguen por estacionar en la calle, o perdonen multas o pidan que se les perdonen.
