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Dos okupas inician una huelga de hambre en Altafulla

Están acampados ante el Ayuntamiento desde el viernes después que les cortaran la luz

Carmina Marsiñach

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Mireia y Jorge encaran hoy su quinto día en huelga de hambre. FOTO: Pere Ferré

Mireia y Jorge encaran hoy su quinto día en huelga de hambre. FOTO: Pere Ferré

Mireia y Jorge encaran hoy su quinto día de huelga de hambre ante el Ayuntamiento de Altafulla. Están acampados a las puertas del consistorio desde que el pasado viernes cortaran la luz a las familias que okupan varias viviendas de la calle Catúfols. 

Mireia es una de las afectadas.  Llegó en noviembre del 2017 de Ibiza y okupó una casa en el municipio. Entonces estaba embarazada y junto a su pareja intentaron empadronarse para conseguir que les asignaran un médico. «Siempre ha sido una negación tras otra. Nos decían que la Policía se había pasado pero no nos encontraban. Era mentira», explica la joven que ahora ya es madre y tiene un bebe de ocho meses. 

Ahora se encuentran en una situación todavía más complicada. El viernes les cortaron la luz y hace semanas que les dejaron sin agua. Además lamentan que el Ayuntamiento les haya cortado la calle Catúfols con unos «pivotes» para que no puedan entrar ni salir coches. «Si hay un incendio no se que van a hacer los Bomberos», dice Mireia. 

La joven asegura que «con el empadronamiento ya podría tener luz y agua de manera legal que es lo que yo quiero realmente. Poder tener un piso de alquiler social». 

En la protesta también la acompaña el activista Jorge Fernández que ya realizó una huelga de hambre en Cambrils durante 44 días para conseguir su empadronamiento en la antigua residencia Montemar de Vilafortuny que había ocupado. Fernández asegura que «están vulnerando la ley porque no pueden denegar el padrón».

Explica que no se puede cortar el agua ni la luz a una familia sin saber si «es vulnerable» como en este caso en el que hay un menor. El activista recordó que «no están cometiendo ningún delito porque no hay denuncia de los propietarios». 

El Ayuntamiento no ha querido hacer declaraciones al respeto. Aseguran que la cuestión se está tratando desde Serveis Socials que depende del Consell Comarcal del Tarragonès. 

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