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El Ayuntamiento de Creixell se presentará como parte perjudicada en las acciones judiciales que se deriven de las operaciones financieras y urbanísticas que llevó a cabo el antiguo equipo de gobierno, entonces encabezado por Teodor Fuster (PP). El pleno aprobó ayer emprender acciones legales ante el juzgado número 8 de El Vendrell y el Tribunal de Cuentas de Madrid. La decisión se tomó tras conocerse el informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que detectó un cúmulo de irregularidades en la gestión municipal entre 2006 y 2010. Ayer también se dio cuenta del informe.
Según el alcalde, Jordi Llopart (CiU), «podíamos hacer dos cosas: guardar el informe en un cajón o dar el paso que creemos que hay que dar, presentándonos como Ayuntamiento como parte perjudicada». E insiste en que el paso que han dado no es, ni de lejos, una revancha: «Ha sido una legislatura muy complicada donde hemos tenido que tomar decisiones muy duras. Ahora sólo es cuestión de actuar con ética».
«Lo que ocurrió fue un desastre, en especial durante los años 2009 y 2010, donde se produjo un verdadero desmadre», lamenta el edil. Y añade: «Tuvimos que pagar 114.000 euros por el impago de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores. Además, el presupuesto, en algunos años, se infló entre un 24 y un 57%».
Los miembros del gobierno local están convencidos de seguir adelante porque hay un documento oficial que ha detectado lo que denunciaron ellos en su día. Ahora el consistorio redactará los certificados para enviarlos a El Vendrell y al Tribunal de Cuentas, informando sobre el acuerdo.
Fue la propia Sindicatura quien llevó los hechos ante la justicia, poniéndolos en manos de la Fiscalía, que lo ha admitido a trámite, recuerda Llopart.
El exalcalde, Teodor Fuster, siempre ha defendido su acción. En un reciente comunicado apuntó que las cifras de las que hablaba el informe siempre habían sido públicas y fueron aprobadas por unanimidad. Y justificó que las inversiones realizadas en su etapa «eran necesarias para el pueblo de Creixell». Además, criticó al actual gobierno: «Que no haya presentado alegaciones deja en entredicho el trabajo hecho por los funcionarios». Y concluyó: «Nunca se tramitó una documentación para subvenciones en la que se incumplieran las normas».
