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El Síndic insta a buscar la solución para convertir la línea de la costa en tranvía

Este organismo considera que el desmantelamiento «vulnera el derecho a la movilidad» y que la Generalitat y el Estado deben abordar el tema de forma «prioritaria»

Núria Riu

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Un vehículo, en el paso a nivel de la calle Barcelona de Salou, esperando que pase un convoy de mercancías. FOTO: Alba Mariné

Un vehículo, en el paso a nivel de la calle Barcelona de Salou, esperando que pase un convoy de mercancías. FOTO: Alba Mariné

El Síndic de Greuges defiende que la actual línea ferroviaria entre L’Hospitalet de l’Infant y PortAventura se transforme en una infraestructura de transporte tranviario. Esta es la resolución que daba a conocer este organismo independiente, según el cual el desmantelamiento de la vía «vulneraría el derecho a la movilidad». 

El órgano se pronunciaba ayer después que a principios del mes de febrero, las plataformas en defensa del transporte público presentaron una queja en la que cuestionaban que los alcaldes quieran eliminar la plataforma, cuando entre en funcionamiento la variante del Corredor del Mediterrani. Asegura que desde principios de año ha recibido unas 200 quejas por el desmantelamiento de esta línea en las que, las personas afectadas, han puesto de manifiesto «la falta de interés por parte de la Generalitat para adecuar la línea al sistema de tren-tranvía de forma inmediata». 

En las quejas recibidas por parte del Síndic se habla de las «numerosas deficiencias» en la Red de Cercanías de Catalunya. Se indica también que la desaparición de la línea, que da servicio a más de 675.000 personas entre Salou y Cambrils, «hace necesario un estudio exhaustivo del caso y una decisión motivada». «Además –sigue diciendo la nota– las personas afectadas también exponen que las estaciones más próximas quedarán a dos kilómetros de las actuales, la cual cosa se traduce en media hora a pie, aproximadamente, lo que las hace absolutamente inadecuadas si no quiere utilizarse el vehículo privado».

En las quejas se exponía que el desmantelamiento contradice el contenido del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona y la ley del sector ferroviario, según la cual, cuando una infraestructura cae de la Red Ferroviaria de Interés General, el Ministerio de Fomento puede traspasarla a la comunidad autónoma. Tras solicitar la información a las administraciones, el Síndic no tiene constancia de la emisión por parte de la Generalitat del informe previo ni tampoco de la comunicación del acuerdo de clausura del Ministerio de Fomento a la Generalitat o a los Ayuntamientos. Por ello, se ha puesto en conocimiento al Defensor del Pueblo con el objetivo de que éste solicite la información al Ministerio de Fomento.

El Síndic recuerda al Departament de Territori i Sostenibilitat que «debe defender» delante del Ministerio de Fomento, junto con los municipios, el proyecto de acondicionamiento de la plataforma. Por ello insta a ambas administraciones a que «conjuntamente, busquen la mejor solución técnica para convertir la actual línea ferroviaria en una infraestructura de transporte público intermunicipal (tren-tranvía). Según el Síndic, éste es un asunto que debería figurar entre los temas «prioritarios» en la agenda a tratar entre ambos gobiernos. 

Las plataformas de viajeros piden que la transformación sea «inmediata»

Específicamente a la Generalitat se le dice que habilite los estudios, proyectos y recursos administrativos y económicos que sean necesarios para llevar a cabo este proyecto. Además, se solicita que el Departament de Territori inste el traspaso de la línea, que convoque el Consell de Mobilitat para evaluar el desmantelamiento y que se tengan en cuenta las consecuencias en la movilidad y alternativas posibles para poner en funcionamiento este tranvía.

Por otro lado, a los Ayuntamientos de Cambrils y Salou se les dice que deben tener presente que «no es lo mismo una línea ferroviaria convencional que cruza la población que la adecuación a un sistema tranviario que, por definición, es un medio de transporte que convive perfectamente con el medio urbano y que se ajusta a criterios de sostenibilidad».

Replantear el proyecto

Para el portavoz de la Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) en el Camp de Tarragona, la resolución del Síndic es «extraordinariamente positiva». Esta entidad, junto con la Pdf.Camp, y las secciones de UGT Adif y Renfe, impulsaron la queja al defensor del pueblo. «El Síndic ha visto que hay una vulneración de los derechos de la movilidad y de tipo legal en la lucha contra el cambio climático». Para este activista, tanto la Generalitat como los Ayuntamientos que firmaron recientemente el pacto ferroviario en el que se incluye este aspecto «deben replantear su actitud». «Los alcaldes nos encontrarán de su lado para que la transformación sea lo más rápido posible, pero no puede ser que para evitar los incendios se corten todos los árboles», concluye Pi.

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