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El Ayuntamiento de Salou ha agotado definitivamente la vía judicial para tratar de legalizar el cierre de terrazas, balcones y galerías en las fachadas de viviendas del municipio. El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación interpuesto por el consistorio, la última bala que le quedaba en los juzgados contra la sentencia dictaminada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ya desestimó, hace justamente un año, la petición de de«regularizar» estos cerramientos con una modificación puntual del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
La decisión, según ha podido confirmar el Diari, ha sido comunicada esta misma semana al Ayuntamiento de Salou, que a partir de ahora únicamente podría legalizar esas terrazas con un nuevo POUM en el que ya trabaja pero que no verá la luz como mínimo hasta el año 2024. El actual, que data del año 2003, no lo permite.
Se estima que unos 900 edificios de la ciudad y unos 5.000 vecinos cuentan con estos cerramientos ilegales que fueron instalando con el paso de los años sin autorización municipal.
Ahora los expedientes sancionadores que estaban paralizados a la espera de una sentencia firme volverán a reactivarse; otros propietarios, en cambio, han preferido ir desmontando esas instalaciones y mantenerse al margen de cualquier litigio. También existen casos donde las ‘ilegalidades’ ya han prescrito al pasar más de seis años desde las modificaciones irregulares de la vivienda original.
El concejal de Urbanisme, Marc Montagut, admite que existían pocas posibilidades de que el recurso de casación prosperara, pero que el Ayuntamiento quería apurar esta última opción: «Realmente teníamos más posibilidades en el contencioso administrativo que rechazó previamente el TSJC, pero teníamos que intentarlo», explica Montagut.
El calendario de trabajo
El concejal admite que la única manera de tratar de solucionar el conflicto con los cerramientos pasa ahora, en efecto, por un nuevo POUM. «Vamos a intentar que el equipo jurídico de asesores con el que estamos trabajando encuentre la manera de dar cobertura a los cierres y que luego la Generalitat dé el visto bueno a su aprobación», añade.
En todo caso Montagut deja claro que «no sería antes de 2024. El calendario con el que trabajamos ahora mismo pasa por tener el nuevo documento de redacción en 2022; aprobarlo en 2023 después de los pertinentes periodos de exposición y alegaciones; y en 2024 poderlo poner en marcha, si todo va bien».
El concejal ha confirmado que la plataforma de afectados que se constituyó en 2011 ya conoce la notificación del Tribunal Supremo.
El nuevo POUM de Salou no estará listo, como mínimo, hasta el año 2024La estrategia del Ayuntamiento de Salou desde 2016 ha sido tratar de buscar un equilibrio entre los propietarios que llevaron a cabo obras ilegales en sus terrazas y la fórmula para evitar que estas obras terminen desmontadas y con una multa.
La modificación puntual del POUM pasó por pleno el 17 de noviembre de 2016 y se envió a la Comissió d'Urbanisme de Tarragona para su supervisión. Un año después, el 24 de noviembre de 2017, la Generalitat la rechazó, dejando al consistorio el camino judicial. Semanas después de la negativa, Salou anunció que presentaría un contencioso administrativo, que volvió a dar la razón a la Generalitat y se recurrió al TSJC.
Este tribunal ratificó hace un año que la propuesta municipal no se ajustaba con su POUM y que por tanto el cierre de terrazas era inviable. El fallo condenó al consistorio de Salou al pago de hasta 3.000 euros en concepto de imposición de costas y dejó la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo, mediante este último recurso de casación que ahora ha sido inadmitido.
Críticas desde la oposición
La oposición municipal también se ha pronunciado sobre la decisión del fallo del Tribunal Supremo que agota la vía judicial y únicamente deja al Ayuntamiento de Salou la legalización de las terrazas a través de un nuevo POUM.
«Hemos perdido 10 años y dinero, porque volvemos a estar exactamente en el punto de partida en todo este asunto», ha explicado al respecto de este tema el portavoz del grupo municipal del PP y concejal Mario García. «En los últimos plenos donde salió el tema de los cerramientos ya manifesté que estos recursos no prosperarían. Y se ha visto ahora porque el Supremo ni tan siquiera ha querido entrar en el fondo asunto», lamenta.
