El alcalde y tres concejales de Torredembarra, investigados por el 1-O

Decenas de personas se concentraron este martes, 22 de enero, en la Plaça del Castell de Torredembarra en un gesto de apoyo a los investigados por la celebración del 1 de octubre. El procedimiento judicial surgió a raíz de una denuncia de un particular por la apertura de la escuela Antoni Roig y a día de hoy se encuentra en manos del juzgado número 3 del Vendrell en fase de diligencias previas.

Entre la quincena de personas afectadas por esta causa se encuentran el alcalde, Eduard Rovira (ERC), y tres concejales del Ayuntamiento: Lluís Suñe, de Alternativa Baix Gaià (ABG); Toni Sacristan, de la CUP; y Anna Magrinyà, de PDeCAT. Además, también hay investigados responsables de la escuela, vecinos y otros profesionales por su presunta implicación en los hechos del 1-O. 

Tanto Suñé como Sacristan dieron a conocer la semana pasada su situación a través de las redes sociales y el acto de ayer sirvió para darla a conocer a los medios de comunicación. En este sentido, Lluís Suñé recordó que «conocíamos la causa pero no supimos de la investigación hasta hace unos meses». «Hasta ahora estaba bajo secreto de sumario. Ahora ya se ha levantado y podemos hablar. Actuaremos de la manera más unitaria posible», manifestó. 

Eduard Rovira, Lluís Suñé, Toni Sacristan y Anna Magrinyà, entre los denunciados

Suñé también explicó que «quien nos ha denunciado es una persona muy conocida en Torredembarra que ya ha interpuesto otras denuncias por otras causas y siempre han terminado en nada». Es por eso que, aseguró «no nos preocupa el denunciante en sí, pero sí que nos preocupan las formas cómo se comunica». En este sentido, el concejal de ABG explicó que «siempre interpone las denuncias a través de correos electrónicos a la Guardia Civil. Nos inquieta la manera de hacerlo y también el cómo la Guardia Civil le contesta a estos correos. Parece que disfruten de todo esto». 

Hace un año Sacristan, Magrinyà y Suñé fueron citados a declarar ante el juez y se acogieron al derecho de no declarar. Al alcalde, Eduard Rovira, se le incluyó a la causa más tarde