El caso de la adjudicación a dedo de los chiringuitos puede llegar a juicio

La exconcejal Montse Gassull declara que ella, junto a su abogada, detectó que se habían pagado 30.000 euros a una persona física

19 mayo 2017 20:27 | Actualizado a 22 mayo 2017 07:56
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La exconcejal de ERC que destapó el caso Torredembarra, Montse Gassull, el secretario, Rafael Orihuela, y la exinterventora Esther Agulló declararon ayer ante el juzgado del Vendrell como testigos de la supuesta adjudicación a dedo de tres chiringuitos en la playa de la Paella.

Gassull declaró durante una hora y media. Según explicó la exconcejal al finalizar su declaración, ni el juez, ni el fiscal le hicieron ninguna pregunta. Solo los letrados de la defensa preguntaron remontándose a los inicios de la cuestión. «Cuando yo como concejal me ocupaba de los chiringuitos no había habido ningún problema», asegura Gassull, que admite desconocer como se llevó la gestión posteriormente. Cree que lo más probable es que el caso vaya finalmente a juicio. «En el momento en que se detecta que se habían pagado 30.000 euros a una persona física y no a una sociedad para arrendar los chiringuitos es que algo no se ha hecho bien», apunta la exedil.

Cuando Gassull estaba preparando con su abogada su defensa por la querella que el exalcalde Daniel Masagué le interpuso por injurias, repasando la documentación encontraron estos pagos «irregulares» a una persona física. Entonces decidieron denunciar el caso, «y este tan solo es uno de los pequeños», asegura.

Según la investigación el empresario Blas Niubó intercedió con la ayuda del concejal, Pere Font y del entonces alcalde Daniel Masagué, para la adjudicación a dedo de tres chiringuitos a la empresa Promoesport, vinculada al actual presidente local de Convergència Democràtica de Catalunya, Gerard Montserrat.

En un escrito presentado por el abogado del Ayuntamiento, se critica que el procedimiento negociado sin publicidad emprendido para la adjudicación de los chiringuitos se invitara a tres empresas - Promoesport, Filmongest y Manretar- que no tenían solvencia técnica ni experiencia profesional en relación al objeto de contrato y que no se diera ninguna justificación.

El consistorio consideró relevante «la estrechísima relación entre las tres sociedades invitadas». Así, Gerard Montserrat, su esposa y Vicente Sánchez eran miembros del órgano administrativo de Promesport; el hermano de Montserrat figuraba como liquidador de Filmongest y finalmente Manretar tenía como apoderado a Vicente Sánchez.

El juez tiene la última palabra

Ayer también declararon como testigos los fabricantes de los chiringuitos y el exjefe de contratación. Estas declaraciones fueron probablemente las últimas diligencias antes de que el juez decida si opta por abrir juicio oral como parece o archiva el caso, tal y como pide la defensa de Masagué.

La Fiscalía anticorrupción y el Ayuntamiento como acusación particular se mostraron contrarios a la petición de sobreseimiento del caso efectuada por el exalcalde de Torredembarra. Al igual que Montse Gassull no quieren que se archive el caso.

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