El ebrense Lluís Salvadó y Josep M. Jové, procesados por el 1-O y con una fianza de 4,5 M€

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidido procesar por el 1-O a los diputados de ERC Josep M. Jové y Lluís Salvadó, que fueron altos cargos con Oriol Junqueras, por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, y les ha impuesto una fianza de 4,5 millones de euros.

La magistrada del TSJC Maria Eugenia Alegret, que ha instruido la causa en el alto tribunal al exsecretario general de la vicepresidencia Josep M. Jové –quien actualmente forma parte de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat–, y al ebrense Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda, concluye que ambos tuvieron una «participación activa» en los preparativos del 1-O y en la planificación de las denominadas «estructuras de Estado».

La jueza, que les ha citado el 11 de marzo para una declaración judicial una vez notificado su procesamiento, les ha impuesto la obligación de acudir mensualmente al juzgado, les ha retirado el pasaporte, les ha prohibido salir de España, y les ha fijado una fianza por responsabilidad civil de 2,8 millones en el caso de Jové, y otra de 1,6 millones compartida entre ambos. 

La magistrada detalla en su escrito que ha descartado decretar prisión preventiva para Jové y Salvadó dada la «imposibilidad» de que destruyan pruebas y la «inexistencia» de indicios de fuga.  En el auto de procesamiento, que se puede recurrir, la juez aprecia indicios de criminalidad en Jové –que también formó parte del equipo republicano que negoció con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez–, por su «participación activa» en la preparación del 1-O y porque, por su cargo, «conoció y autorizó» gastos superiores a los 2,1 millones de euros para el referéndum. La jueza, que basa parte de sus indicios en las anotaciones de Jové en la ya famosa agenda Moleskine intervenida por la Guardia Civil cuando fue detenido el 20-S de 2017, cita como gastos públicos atribuidos al ex número dos del vicepresident Junqueras los relativos a la publicidad y difusión del 1-O (277.804 euros), al suministro de papeletas y censo electoral (980.312 euros), cartelería y propaganda (51.750 euros), observadores internacionales (409.023 euros) y registro de catalanes en el extranjero (314.451 euros). Todo ello por un valor global de 2.166.661 euros supuestamente malversados, a los que a la hora de imponer la fianza la juez incrementa en un tercio, hasta alcanzar los 2.888.881 euros.

La magistrada también procesa a Jové por un delito de prevaricación por la firma de un convenio con el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) con el que se consiguieron los datos personales del Registro de población y el de catalanes en el exterior, con la finalidad de contar con un censo para el 1-O. De esta forma, según la jueza, los organizadores del 1-O obtuvieron datos de ciudadanos que no podían ser facilitados ni tratados, ya que no disponían de competencias para ello.

«Estructuras de Estado»

En cuanto al rapitense Lluís Salvadó, que junto con Jové también fue detenido el 20-S, la magistrada esgrime en el auto su implicación en la elaboración de las denominadas «estructuras de Estado», y hace especial hincapié en la Agència Tributària de una eventual Catalunya independiente y en la recaudación de todos los impuestos.
La magistrada resalta que parte del articulado de la Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas de 2015, suspendido por el Constitucional y en el que colaboró Salvadó, tenía por objeto la creación de «estructuras de Estado» dentro de «un proceso de transición nacional para la desconexión».