El exedil de Cambrils Ramon Llobet devuelve todo el dinero al consistorio

El exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Cambrils, Ramon Llobet, ha liquidado su deuda con el consistorio. Tras conocerse en julio que había desviado dinero de la empresa pública Epel Ingesòl a sus cuentas privadas, Llobet reconoció los hechos y devolvió 92.000 euros. Sin embargo, en octubre se conocieron los resultados de la auditoría interna que había encargado el Ayuntamiento a raíz de lo ocurrido, y que concretaba que la cantidad de dinero de la cual se había apropiado era de 96.900 euros. Así que todavía faltaba una parte, que depositó en el juzgado a finales del año pasado, aunque el consistorio no tenía constancia de ello.

Llobet compareció ayer en los juzgados de Reus. Según explicó su abogado, Tomàs Gilabert, el Ayuntamiento de Cambrils preguntó si les podían entregar el dinero que estaba consignado allí desde diciembre. Y ayer mismo se hizo entrega de la cantidad. «Nosotros no nos hemos opuesto, y la juez ha dado la orden de que se entregaran», señaló Gilabert. La cantidad, principalmente, correspondía a los intereses. Además, la fiscal y la acusación particular pidieron que el caso fuera juzgado por un tribunal popular. La defensa mostró su conformidad. Pero también pidió una prueba: que un censor de cuentas designado por el juzgado haga los números exactos, para esclarecer exactamente el importe total.

El Ayuntamiento, que está personado en la causa como acusación popular, se mantiene firme en su postura y no retirará los cargos. Algo que la defensa critica porque el acusado ha reconocido el delito y devuelto el dinero del que se apropió. «Si quieren gastarse el dinero del contribuyente, que hagan lo que quieran. Ellos siguen adelante porque quieren», apuntó Gilabert.

Por su parte, el consistorio reitera que sigue con la denuncia, pero «sin ninguna voluntad de atacar a su persona». Desde el verano pasado ha insistido en que este es su deber. «Aunque haya devuelto el dinero, esto no le exime de haber cometido un delito. Se trata de caudales públicos, y no puede quedar sin ser juzgado», defiende. De hecho, la alcaldesa, Mercè Dalmau, ha manifestado en distintas ocasiones que tiene una responsabilidad moral hacia la población que le obliga a seguir con el litigio.

Según el Código Penal, el delito de malversación de caudales públicos podría suponer una pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación. Aunque en este caso habrá atenuantes como el hecho de haber confesado y haber devuelto el dinero.