El juez aplaza dos meses el desahucio de una familia en Torredembarra

La familia de Joaquim José ha estado a punto de ser desahuciada. De hecho había una orden judicial para que su desalojamiento se produjera ayer por la mañana. Pero finalmente el juez ha decidido aplazarlo hasta el próximo 8 de marzo. 

Joaquim se vio inmerso en esta situación cuando estalló la crisis en 2008. Tenía una pequeña empresa de construcción que también entró en quiebra. Y llegó un momento en que no pudo pagar la hipoteca firmada con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con «cláusulas abusivas». Entonces se pasó a Caja Granada donde también solicitó un préstamo.

En 2011 Caja Granada fue absorbida por Banc Mare Nostrum que en 2013 inició la ejecución hipotecaria. La entidad repartió las deudas hipotecarias entre Bankia y Banc Sabadell y este último se adjudicó la vivienda por subasta desierta. 

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Baix Gaià aseguran que se denunció a la entidad bancaria por la «por la ilegalidad  en esta adjudicación». En este sentido, Joaquim asegura que el Banc Sabadell «no es el acreedor legítimo».

Ignasi Duran, abogado y ex concejal del Ayuntamiento de Torredembarra, que falleció hace dos meses en un accidente de tráfico, fue quién empezó a asesorar a la familia. Junto con su abogada de oficio, Marta Giné, presentaron una demanda por la diferencia del precio de tasación de la vivienda con la deuda reclamada. Y la ganaron. Según la sentencia judicial el Banc Sabadell está obligado a retornarles 78.000 euros.

Pero la entidad bancaria lo recorrió y aún no se ha resuelto el litigio. «Por este motivo pedíamos que se parara el desahucio. Y finalmente se ha parado gracias al trabajo hecho desde la PAH del Vendrell y la del Baix Gaià, el concejal de Acció Social del Ayuntamiento de Torredembarra, Lluís Suñé y Ofideute». 

Desde la PAH solicitaron al juzgado paralizar el desahucio hasta que el Banc Sabadell abone esta cantidad a los afectados, ya que considera que hay «ilegalidades en el procedimiento».  

En total el Banc Sabadell les reclama 281.000 euros, una cantidad superior a lo que debían. «Es como si en todo estos años no hubiéramos pagado nada», lamenta. 

Con esta prórroga de dos meses quieren conseguir un acuerdo con la entidad para que les ofrezca un alquiler social «para que podamos rehacer nuestra vida (...) volver a empezar de cero cuando has estado pagando una hipoteca tantos años, cuesta», expone Joaquim que señala que si los bancos llegaran a acuerdos con la mayoría de ejecutados no haría falta «llegar a estos extremos (...) ¿por qué hacer tanta maleza? Esto las personas no lo podemos entender y más cuando han sido los bancos que nos han abocado a esta crisis». 

Años de calvario 

Estos últimos años han sido un calvario para él, su mujer y su hija. El 2016 fue un año crítico en que se encontraron en una grave situación de vulnerabilidad. No podían pagar el agua. Tuvieron que pasar dos meses sin luz y estuvieron medio año con el agua cortada pese a las gestiones del Ayuntamiento para solventar la situación. 

Este último año por lo menos han podido llenar la nevera. Él sigue en el paro pero su mujer ha podido encontrar un trabajo a media jornada. Su hija de 23 años también se ha visto obligada a trabajar a tiempo parcial para poderse pagar los estudios. 

Por otra parte, están negociando un alquiler social con Ofideute —la oficiona de asesoriamiento de la Generalitat para hacer frente a las dificultades de pagar un préstamo—. Quieren asegurarse un techo por si al final se produce el deshaucio y pierden su casa.