El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
Juegos
En 2006 una vecina de la calle Monturiol de Calafell, donde se concentra la oferta de ocio nocturno en la localidad, denunció al Ayuntamiento por los reiterados ruidos y molestias que sufría en su casa.
La mujer, que padecía depresión, denunció que los gritos y los ruidos que se generaban en los locales de ocio nocturno y en la calle le provocaban ansiedad e insomnio en su propia casa y agravaban su estado de salud.
El tribunal contencioso administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dieron la razón a la mujer y ya instaron entonces al Ayuntamiento a tomar las medidas necesarias para evitar esas molestias.
A declarar
Pero el fiscal de Medio Ambiente de Tarragona ya señaló el pasado año que denunciaría al Ayuntamiento al considerar que no se ha hecho nada porque la situación seguía igual.
Anunció que citaría a declarar como investigados a los concejales de Medio Ambiente desde 2007 por su «inactividad». Las citaciones ya han llegado al Consistorio y son para el entonces concejal de Medio Ambiente Josep Parera (UAM), ahora en el equipo de gobierno, y para el entonces responsable del área de Servicios Urbanísticos, Rafel Solé (PDeCat), ahora en la oposición.
Inactividad
La citación considera una inactividad para evitar esos problemas desde la denuncia puesta en 2006. Señala que las sonometrías realizadas en 2015 todavía superaban los límites máximos permitidos en el interior del domicilio de la afectada.
Los dos concejales aseguran que se tomaron medidas en la vía pública y en los localesLa fiscalía ordenó abrir diligencias y los dos concejales deberán declarar en el juzgado de El Vendrell. Josep Parera niega que haya habido pasividad y señala que «se hizo mucho para evitar los ruidos». El concejal explica que «detallaremos al juez lo que se ha hecho». Por su parte Rafel Solé, se muestra sorprendido por estar citado. Cuando se puso la denuncia no estaba en el Ayuntamiento y fue en el año 2011 cuando asumió el área de urbanismo pero no fue concejal de Medio Ambiente, que es el departamento al que señala el fiscal. Han habido otros concejales que no están citados a declarar.
Solé dice que no era responsable de esa concejalía, pero como coordinador de área «sé que se cerraron locales, se hizo poner limitadores y se abrieron expedientes». El concejal reconoció tener la citación, pero apunta que «No sé por qué me llaman a mí».
Es una denuncia por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente por ruidos en la calle y lo que el fiscal considera inactividad del Ayuntamiento para solucionarlos. Por los hechos, los denunciados podrían enfrentarse a multa y penas de entre medio año y tres años de prisión, y de entre nueve y quince años de inhabilitación.
Perseguir el botellón, cerrar locales y obligar a tener limitadores de sonido
La acusación de la Fiscalía se esperaba en Calafell. Como ya explicó el Diari en septiembre del pasado año el fiscal denunció la «inactividad» del Ayuntamiento para atajar los ruidos en la calle.
El Ayuntamiento preparó un informe para demostrar que ha intentado poner orden en los locales y en las calles. El documento explicaba que en 2015 se hicieron 42 inspecciones a locales en la zona de ocio nocturno.
De esas actuaciones derivaron 27 requerimientos para colocar limitadores de sonido. Además, a tres locales se les prohibió poner música, dos cerraron y había tres h requerimientos están en trámite.
Pero el Fiscal de Medio Ambiente también pidió que el juez de El Vendrell actuase por el ruido que hacen los grupos de jóvenes en la vía pública y que compete solucionarlo al Ayuntamiento.
Botellón
El Ayuntamiento preparó un informe para demostrar que ha intentado poner orden en los locales y en las calles. El documento explicaba que en 2015 se hicieron 42 inspecciones a locales en la zona de ocio nocturno.
De esas actuaciones derivaron 27 requerimientos para colocar limitadores de sonido. Además, a tres locales se les prohibió poner música, dos cerraron y había tres h requerimientos están en trámite.
Pero el Fiscal de Medio Ambiente también pidió que el juez de El Vendrell actuase por el ruido que hacen los grupos de jóvenes en la vía pública y que compete solucionarlo al Ayuntamiento.
Botellón
El Consistorio argumentó el pasado año que había incrementado los controles por el botellón en diferentes zonas del municipio y a locales por venta de alcohol a menores. La Policía Local levantó siete actas por consumo de alcohol en la calle, otras siete por molestias causadas por la música en la vía pública, ocho por gritar y siete por orinar, además de 16 por consumo de droga.
El Ayuntamiento argumentó que todas esas actitudes perseguidas suelen tener asociados el ruido y el desorden. Pero el Fiscal cree que ha habido una inactividad desde 2007 . Y por lo menos hasta 2015, a pesar de que el juzgado de El Vendrell obligó al Consistorio a tomar medidas contra el ruido.
Ahora cita como investigados a dos concejales de esa época. El Ayuntamiento argumentó que desde 2015 toma medidas tanto a nivel técnico como policial y con reuniones con los responsables de los locales de ocio para colaborar en el orden.
Diferentes sentencias señalan que esas concentraciones en la vía pública no responden al ejercicio el derecho fundamental de reunión porque entre otras exigiría de una comunicación a la autoridad gubernativa , por lo que los consistorios deben evitarlas.
El Ayuntamiento argumentó que todas esas actitudes perseguidas suelen tener asociados el ruido y el desorden. Pero el Fiscal cree que ha habido una inactividad desde 2007 . Y por lo menos hasta 2015, a pesar de que el juzgado de El Vendrell obligó al Consistorio a tomar medidas contra el ruido.
Ahora cita como investigados a dos concejales de esa época. El Ayuntamiento argumentó que desde 2015 toma medidas tanto a nivel técnico como policial y con reuniones con los responsables de los locales de ocio para colaborar en el orden.
Diferentes sentencias señalan que esas concentraciones en la vía pública no responden al ejercicio el derecho fundamental de reunión porque entre otras exigiría de una comunicación a la autoridad gubernativa , por lo que los consistorios deben evitarlas.
