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El juez no ve justificación para perdonar centenares de multas en Calafell

El juzgado plantea abrir juicio oral y habla de práctica 'sistemática paraadministrativa'

José M. Baselga

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La mayor parte de las multas son de zona azul.

La mayor parte de las multas son de zona azul.

El juzgado de El Vendrell considera acreditado que en el Ayuntamiento de Calafell «ha existido desde hace años» a modo de «sistemática paraadministrativa» un modo de cancelación arbitraria de multas de tráfico por motivos «no suficientemente reglados y habitualmente injustificables».

Por ello ha abierto el auto de juicio oral al considerar el juez que hay caso en la denuncia que presentó un agente de la Policía Local ante la Fiscalía al ver que no se tramitaban seis multas que puso en 2014 a diferentes vehículos, principalmente por aparcamiento. 

El argumento que se le dio es que en la sanción no se leía bien quien era el policía que cursó la denuncia.  Una justificación que el juzgado considera poco consistente.

El listado
El juez pidió el listado de cancelaciones de multas entre 2011 y 2015. Se comprobó que «determinados vehículos o vehículos relacionados con personas concretas» eran los más beneficiados por ese perdón. Por ello el juez abre el auto de juicio oral contra quien entonces era concejal de Gobernación, Francesc Clavero a quien podría acusarse de un delito de prevaricación. El juez no habla de malversación.

El juez señala que el perdón de las multas se argumentaba con el epígrafe de «otros motivos» y que era necesaria la firma del concejal. Clavero ya dijo en su que el ‘otros motivos’ era un «cajón de sastre» que incluía a vehículos oficiales, de particulares, de trabajadores y personal político en ejercicio de funciones oficiales.

Alegaciones
También explicó que algunas retiradas de sanciones era a vecinos que realizaron alegaciones y que el concejal considerase pertinente ya que con la reclamación ante BASE, el organismo de cobro de la Diputació, se perdía la posibilidad del pago reducido ya que sus técnicos no podía valorar las circunstancias concretas.

También se argumentó para perdonar multas motivos de «gestión política» tras semanas de una «presión extremadamente rigurosa» de la policía poniendo sanciones de aparcamiento.

Beneficiarios
Pero el juez considera que los principales beneficiarios por la retirada de unas 400 multas fue a vehículos de concejales y sus familiares. A algunos coches se le retiraron 196 multas, a otros 92, 49, 23, 13, 11 u 8 sanciones. El juez ve un nexo común de procedimientos sancionadores cancelados a personal político y familiares.

El escrito judicial considera «ni remotamente acreditado» que la cancelación de los expedientes estuviera amparada en el uso de los vehículos por parte de sus familiares con cargo oficial o en ejercicio de sus funciones «por más que se haya alegado».

Compañeros
En uso de atribuciones exclusivas muy relativamente reglamentadas y no suficientemente justificadas de las que él mismo y sus familiares, así como compañeros de corporación, eran los directos beneficiarios y que el escrito del juzgado detalla con nombres y el número de infracciones no cursadas. El juez considera como responsable de esa práctica en el periodo investigado al concejal de la Policía. 

El concejal ya dijo en si día que no hizo más que lo que se había hecho anteriormente cuando él no estaba en el Ayuntamiento.

Está pendiente los posicionamientos de la Fiscalía o la presentación de algún recurso a la apertura de juicio oral. El escrito del juez se pasa ahora a las partes acusadoras para que formulen escrito de acusación en el que pueden solicitar la apertura del juicio o el sobreseimiento.

Desde la defensa del principal señalado se explica que aún está a la espera de respuesta del recurso que presentó cuando se le citó a declarar. En este sentido se explica que no se puede presentar recurso a la apertura de juicio oral sin tener conocimiento de la respuesta al anterior recurso.

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