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El litigio judicial contra los anteriores miembros de la junta de la Confraria de Pescadors de Cambrils apenas avanza. De hecho, la propia fiscal señala que «la instrucción se halla paralizada». Precisamente para tratar de desencallar el proceso, el juez del juzgado de instrucción número 3 de Reus solicita, a instancias de la Fiscalía, la práctica de varias diligencias. Pide conocer los detalles sobre la situación económica de la entidad entre 2004 y 2012, periodo en el cual, presuntamente, se habrían producido irregularidades que habrían derivado en un agujero de más de tres millones de euros.
El magistrado también solicita un certificado en el que se indiquen los cargos de los investigados y el periodo durante el que los ejercieron, los sueldos mensuales, las actas de las reuniones celebradas por la junta y el extracto de los los movimientos de las cuentas corrientes vinculadas a la Confraria entre el periodo en el que se centra la investigación, así como la titularidad de las tarjetas. Además, solicita la entrega de un documento al Registro Mercantil para aportar a la causa un certificado relativo a la empresa P. Bomba S.L.,propiedad del entonces presidente de la entidad, Josep Pijuan.
Entre la documentación solicitada están también los informes de las auditorías internas practicadas entre 2004 y 2012 , y que se entregue al Departament d’Agricultura i Pesca de la Generalitat un documento para informar sobre la presentación de las cuentas anuales por parte de la Confraria durante estos ejercicios, señalando que en este tiempo podrían haberse producido las irregularidades supuestamente detectadas. En este caso, señala el escrito de la Fiscal, piden estos datos «a la vista de las manifestaciones efectuadas por el investigado José Mestre, asesor fiscal de la Confraria».
Entre otras cuestiones, el juez pide a Xavier Domènech, investigado en la causa y secretario de la entidad en aquellos años –actualmente sigue en el cargo–, que aporte documentación que dijo que aportaría hace más de un año y que, según señala la fiscal en su escrito, todavía no había recibido en el momento de redactar el auto.
Además, el juzgado de instrucción número 3 de Reus –que acordó practicar todas estas diligencias a principios de junio–, ha declarado la complejidad de la causa, por lo que finalmente será una instrucción de 18 meses. La fiscal lo justifica «teniendo en cuenta el estado inicial de la instrucción pese a que consta incoada en fecha de 13 de enero de 2015; las múltiples diligencias de instrucción solicitadas por el Ministerio Fiscal; el nombre de partes que intervienen en la causa; y las posibles diligencias de instrucción que puedan solicitarse».
Los inicios del caso, en 2012
Tras el relevo en la presidencia de la entidad, a finales de 2012, la junta entrante encargó una auditoría con el fin de poder conocer el detalle de las cuentas de la entidad. Los resultados fueron claros: una deuda de tres millones, debido a distintas operaciones con la empresa constructora del parking de la plaza del Pòsit, el Ayuntamiento, la Generalitat y distintos créditos bancarios. En marzo de 2013, la junta dimitió en bloque y se constituyó una gestora. La situación económica empezó a levantar cabeza tras la venta del solar del Pòsit a una promotora que prevé construir un hotel. El año pasado volvieron a celebrarse elecciones en la Confraria y Francisco Gil, quien fue presidente en la época de transición, repitió en el cargo.
