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El juicio del Cas Torredembarra, paralizado por el confinamiento

La vista, que tenía que empezar este miércoles a la Audiencia de Tarragona, acumula cinco aplazamientos

ACN

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Daniel Masagué,junto con su abogado Pau Simarro, tras salir del juicio en enero de la pieza número 8. FOTO: ACN

Daniel Masagué,junto con su abogado Pau Simarro, tras salir del juicio en enero de la pieza número 8. FOTO: ACN

Este miércoles empezaba en la Audiencia de Tarragona el juicio por la pieza separada 1 del 'caso Torredembarra', de presunta corrupción en el municipio.

La vista estaba prevista hasta el 28 de abril, pero se ha suspendido sin nueva fecha por la crisis del coronavirus, según han apuntado fuentes judiciales. El juicio acumula cinco aplazamientos desde octubre de 2018.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 4,5 años de prisión y 9 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para el exalcalde de CiU, Daniel Masagué, acusado de los supuestos delitos de malversación y prevaricación por la presunta adjudicación a dedo del alquiler de dos locales.

Entre los encausados hay cinco regidores y exediles, tres extécnicos municipales, un abogado y dos empresarios.

La investigación se enmarca en la pieza separada número 1 del conocido como 'Cas Torredembarra' de presunta corrupción en el municipio. La causa, que se instruye a los juzgados de El Vendrell, consta de hasta nueve piezas separadas y es el origen de la investigación del 'caso 3%', de supuesta financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya (CDC).

Los hechos que se llevarán a juicio se remontan en los años 2011 y 2012. Entre los encausados hay el entonces alcalde, Daniel Masagué; los ediles José Oviedo (PP), Juan Pérez (ADT), Santi Ardèvol (CiU), Francisca Felguera (UDC) y Pere Font (CiU); la jefa de contratación municipal, Montserrat Córcoles; el coordinador de Urbanismo, Jaume Vila, y el ingeniero municipal, Vicenç Ruiz.

Además, también están encausados en la pieza separada número 1 el abogado Xavier Xifrà, y los empresarios locales Vicente Sánchez i Rafael Jiménez.

En noviembre de 2014, el juez desvinculó de esta piezaa la regidora Èlia Rodríguez (UDC) y a los empresarios Jordi Sumarroca -vinculado a la empresa Teyco- y Blas Niubó. Además, el exregidor Ignasi Duran (GIT) y la interventora municipal, Esther Agulló, que también estaban incluidos en la causa, fallecieron hace dos años, el primero en un accidente de tráfico.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción considera que los implicados impulsaron dos contratos de arrendamiento de dos locales en el municipio, a pesar de que eran sabedores que "eran contrarios a la ley" y que suponían una "pérdida de dinero del Ayuntamiento".

Uno de los locales está ubicado en la carretera que va a La Riera de Gaià y actualmente ocupa la comisaría de la policía local, a pesar de que inicialmente estaba pensado para que fuera un almacén.

El otro está ubicado en las calles Priorat y Garraf, en la zona del barrio de Clarà, y estaba pensado para "ensayos de grupos municipales, de los Nois de la Torre -la colla castellera- y otras asociaciones culturales". Aun así, el local se ha mantenido cerrado y sin uso.

El ministerio público subraya que, en ambos casos, "los acusados actuaron siendo conscientes de que los locales no eran únicos ni singulares, que no había urgencia para alquilarlos y que existían obstáculos insalvables para la legalidad de los expedientes".

Penas de cárcel e inhabilitación

El exalcalde Daniel Masagué se enfrenta a cuatro años y medio de prisión por un delito continuado de malversación de fondos públicos y a 9 de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público.

La regidora Francisca Felguera, a tres años de prisión y ocho de inhabilitación; los regidores José Oviedo, Pere Font y Santi Ardèvol, y la jefa de contratación, Montserrat Córcoles, a cuatro años de prisión cada uno por malversación continuada y a nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito continuado de prevaricación.

El exregidor Juan Pérez, el ingeniero Vicenç Ruiz y los empresarios Rafael Jiménez y Vicente Sánchez se enfrentan a dos años de prisión por un delito continuado de malversación y a cuatro de años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

El abogado Xavier Xifrà, a tres años y medio de prisión por malversación y, el coordinador de Urbanismo, Jaume Vila, a cinco años de inhabilitación por prevaricación.

En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público interesa la nulidad de los dos contratos de arrendamiento y que los encausados devuelvan al consistorio las cantidades abonadas por los locales -222.759 euros por el local de la calle Priorat y 107.708 euros por el local de la carretera hacia La Riera de Gaià-.

Ya se han juzgado dos piezas del caso

El mes pasado, antes del confinamiento, Masagué aceptó una pena de multa por la aportación de más de 40.000 euros que la empresa constructora Transcornejo hizo para su campaña electoral del 2011.

Las partes llegaron a un acuerdo de conformidad y evitaron el juicio con jurado popular. En concreto, la Audiencia condenó Masagué y el administrador de la empresa por un delito de soborno -con la atenuante de confesión- a 1 año de prisión -que se sustituyó por 3.650 euros de multa- y a otros 900 euros de multa. Los hechos correspondían a la pieza separada número 8.

A mediados de enero también quedó visto para sentencia al juzgado penal 2 de Tarragona otro juicio contra Masagué, el de la pieza separada número 4, sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la adjudicación de los chiringuitos de la playa a Gerard Montserrat, militante de su partido (CDC). La fiscalía pidió para la exalcalde dos años de prisión por los supuestos delitos de prevaricación y fraude.

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