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El juicio del Procés obliga a aplazar hasta septiembre el 'Cas Torredembarra'

El exalcalde de CiU, Daniel Masagué, se enfrenta a 4,5 años de prisión por presuntas irregularidades en la contratación de alquileres

ACN

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El exalcalde Daniel Masagué en una de sus visitas previas a los juzgados de El Vendrell. FOTO: DT

El exalcalde Daniel Masagué en una de sus visitas previas a los juzgados de El Vendrell. FOTO: DT

El primer juicio del caso Torredembarra, que tenía que empezar este lunes a la Audiencia de Tarragona, se ha aplazado hasta septiembre por la celebración del juicio del 1-O al Tribunal Supremo.

Según han confirmado fuentes judiciales, la decisión se ha tomado por la incompatibilidad de algunos abogados que estos días están en Madrid, como Xavier Melero i Judit Gené.

De hecho, el juicio por la conocida como pieza de los alquileres tenía que arrancar el mes de octubre pasado, pero entonces también se aplazó.

Ahora la previsión es que la vista empiece el 30 de septiembre y pueda alargarse hasta el 18 de octubre de este año. Entre los procesados hay el exalcalde Daniel Masagué -que se enfrenta a cuatro años y medio de prisión-, concejales y técnicos.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción solicita 4,5 años de prisión y 9 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para el exalcalde de CiU acusado de los delitos de malversación y prevaricación por la presunta adjudicación a dedo del alquiler de dos locales.

Además de Masagué, entre los encausados hay cinco ediles y exconcejales, tres extécnicos municipales, un abogado y dos empresarios, la mayoría de los cuales se enfrentan a penas de entre dos y cuatro años de prisión. 

La investigación se enmarca en la pieza separada número 1 del conocido como ‘Cas Torredembarra’ de presunta corrupción al municipio. La causa, que se instruye a los juzgados de El Vendrell, consta de hasta nueve piezas separadas.

Antecedentes

Los hechos que se llevarán a juicio se remontan a los años 2011 y 2012. Entre los encausados hay el entonces alcalde, Daniel Masagué; los ediles José Oviedo (PP), Juan Pérez (ADT), Santi Ardèvol (GIT), Francisca Falguera (UDC) y Pere Font (CiU); la jefa de contratación municipal, Montserrat Córcoles; el coordinador de Urbanismo, Jaume Vila, y el ingeniero municipal, Vicenç Ruiz. 

Además, también están encausados en la pieza separada número 1 el abogado Xavier Xifrà, y los empresarios locales Vicente Sánchez i Rafael Jiménez.

En noviembre de 2014, el juez desvinculó de esta pieza a la regidora Èlia Rodríguez (UDC) y a los empresarios Jordi Sumarroca -vinculado a la empresa Teyco- y Blas Niubó. Además, el exregidor Ignasi Duran (GIT) y la interventora municipal, Esther Agulló, que también estaban incluidos en la causa, murieron el año pasado.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción considera que los implicados impulsaron dos contratos de arrendamiento de dos locales al municipio, a pesar de que eran sabedores que “eran contrarios a la ley” y que suponían una “pérdida de dinero para el Ayuntamiento”. 

Uno de los locales está ubicado en la carretera de La Riera de Gaià y actualmente ocupa ese espacio la comisaría de la Policía Local, a pesar de que inicialmente estaba pensado para fuera un almacén.

El otro está ubicado entre las calles Priorat y Garraf, en el barrio de Clarà, y estaba pensado por “ensayos de grupos municipales como los castellers de Els Nois de la Torre y otras asociaciones culturales”. Aun así, el local se ha mantenido cerrado y sin uso. 

El ministerio público subraya que, en ambos casos, “los acusados actuaron siendo conscientes que los locales no eran únicos ni singulares, que no había urgencia para alquilarlos y que existían obstáculos insalvables para la legalidad de los expedientes”.

Además, la fiscalía indica que la jefa de contratación justificó la contratación directa -sin concurso o licitación- para evitar los informes desfavorables del secretario y del interventor. También critica que los dos alquileres fueran tratados en plenario a través de la fórmula de “cuestiones sobrevenidas” para quedar fuera del orden del día.

Anticorrupción constata que, en ambos casos, la tasación de los locales para la fijación del precio la hicieron servicios externos y que, además, se integró en los contratos de arrendamiento una opción de compra que al inicio del expediente no se contemplaba. En su escrito, la fiscalía recuerda que en septiembre de 2012 la Oficina Antifraude ya envió un informe al alcalde Masagué en que le advertía de las irregularidades de los alquileres e instaba el consistorio a ejercer las funciones de control y fiscalización interna. 

El secretario municipal, Rafael Orihuel, emitió un informe en el ue exponía las irregularidades cometidas. El Ayuntamiento, a través del abogado Xavier Xifrà, emitió otro informe en que justificaba la actuación del consistorio. Anticorrupción subraya que el letrado cobró 12.000 euros por el informe, “dinero que no estaban justificados y que asumió el señor Masagué”. 

Delitos de prevaricación y de malversación de fondos públicos

El exalcalde Daniel Masagué se enfrenta a cuatro años y medio de prisión por un delito continuado de malversación de fondos públicos y a 9 de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público.

La regidora Francisca Felguera, a 3 años de prisión y 8 de inhabilitación; los regidores José Oviedo, Pere Font i Santiago Ardèvol, y la jefa de contratación, Montserrat Córcoles, a 4 años de prisión cada uno por malversación continuada y a 9 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito continuado de prevaricación. 

El exregidor Juan Pérez, el ingeniero Vicenç Ruiz y los empresarios Rafael Jiménez i Vicente Sánchez se enfrentan a 2 años de prisión por un delito continuado de malversación y a 4 de años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

El abogado Xavier Xifrà, a 3,5 de prisión por malversación y, el coordinador de Urbanismo, Jaume Vila, a 5 años de inhabilitación por prevaricación.

En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público interesa la nulidad de los dos contratos de arrendamiento y que los encausados devuelvan al consistorio las cantidades abonadas por los locales -222.759 euros por el local de la calle Priorat y 107.708 euros por el local de la carretera de La Riera de Gaià-.

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