El 'pacto de Calafell' dicta reducir el número de cargos de confianza

PSC, PP y UAM también firman para aprobar una rebaja de las retribuciones de los cargos electos y del IBI

José M. Baselga

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Josep Parera (UAM), Ramon Ferré (PSC)y Maite González (PP) forman el gobierno.  Foto: DT

Josep Parera (UAM), Ramon Ferré (PSC)y Maite González (PP) forman el gobierno. Foto: DT

PSC, PPy UAM han publicado las condiciones del pacto de Calafell al que desde la oposición apoya Ciutadans. La primera tenencia de alcaldía es para UAM y la segunda para el PP. Otras dos son para el PSC. La UAM asume concejalías de Medio Ambiente, Servicios, Seguridad Ciudadana y Personal, mientras que el PP lleva las de Turismo, Deportes y Vía Pública.

El pacto dice que «se reducirán al mínimo imprescindible los cargos de confianza» y retocarán a la baja las retribuciones de los cargos electos. También destaca el compromiso de facilitar «el acceso de los locales que gestiona el ayuntamiento para nuevos proyectos empresariales o como dependencias municipales evitando el pago de los alquileres actuales». En este punto destacan los del puerto, de propiedad municipal y que nunca se han usado. Para el puerto un objetivo es «fomentar la actividad deportiva y comercial».

El PSCse explica que el pacto incluye la rebaja del IBI o la revisión de la zona azul vigente, «especialmente en el paseo de Segur» o «la ampliación del servicio de comedor solidario todo el año, aseo personal, duchas y lavandería para las personas que lo necesiten».

El Ayuntamiento que preside Ramon Ferré (PSC) se compromete a que los plenos sean transmitidos por webcam a través de internet y facilitar la presentación de iniciativas populares.

El acuerdo firmado por los tres partidos destaca dotar a la policía de medios necesarios, ampliar horarios del transporte público por la tarde-noche y los fines de semana o la mejora de la aceras y del alumbrado público.

En ámbito supramunicipal el nuevo gobierno se compromete a promover « la acción conjunta para la supresión de los peajes de la C-32 y la AP-7» y a canalizar las quejas y denuncias a las compañías a las compañías que do ofrezcan un servicio correcto de telefonía y digital. También «se garantizarán las inversiones mínimas para poner al día las instalaciones deportivas actuales y las futuras».

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