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El plenario ordinario de Cambrils celebrado ayer volvió a estar teñido de polémica. Por segunda vez en poco menos de un mes, un grupo de funcionarios irrumpió en la sala para protestar sobre la situación laboral que viven. Así pues, cerca de setenta personas se colocaron al fondo de la sala para hacer evidente su malestar.
Previamente, se reunieron en la entrada del ayuntamiento, donde ensordecieron a los presentes con silbatos. El procedimiento que siguieron para esta protesta fue el mismo que realizaron los policías locales el pasado mes de enero: entraron en silencio, se situaron al fondo de la sala y después de unos minutos dieron la espalda a los políticos del gobierno y la oposición, quienes estaban celebrando la sesión ordinaria del plenario.
Según Eufrasio Rodríguez, secretario de coordinación sectorial de la UGT, la principal reclamación de los trabajadores es la aplicación de una RLT(Relació de Llocs de Treball) que reordene los puestos de trabajo del Ayuntamiento, así como también sus obligaciones y derechos.
Rodríguez acusó a la alcaldesa Mercè Dalmau de no haberse reunido con los trabajadores para solucionar esta situación. El representante sindical también se quejó de la forma en que el gobierno ha aprobado medidas relacionadas con el personal de la institución, que define como unilateral y totalitaria.
Ante esta situación, confirman que continuarán manifestándose durante los plenos, aunque desestiman que la solución se encuentre en el actual gobierno y legislatura. La concejal de Personal, Lluïsa Rom, reconoce que la RLT es muy necesaria, aunque afirmó que no se ha aplicado anteriormente por la complicada situación económica que ha vivido el Ayuntamiento.
Actualmente se han llevado a cabo reuniones entre la Diputació de Tarragona y otras empresas para valorar el gasto que supone la elaboración de una nueva RLT.
Rom asegura que la presión que reciben por parte de los trabajadores con actos como los de ayer no les hará cambiar la forma de trabajar en relación a este tema. En caso de encargar una RLT a una empresa externa o institución independiente, se estima que su elaboración podría rondar entre los nueve meses y el año.
