El presunto fraude millonario de una notaría de Cambrils podría ir más allá de los clientes afectados

Fraude millonario el que planea sobre una notaría de Cambrils. La Fiscalía y la Dirección General de los Registros del Notariado investigan una presunta estafa por parte del conocido notario Rafael Martínez Olivera, que afectaría a decenas de clientes y el volumen del fraude podría alcanzar cifras millonarias. Las investigaciones apuntan a un posible aprovechamiento, durante años, de las provisiones de fondos de los clientes para pagar los impuestos (como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) derivados de operaciones como compraventas de inmuebles, herencias o inscripciones registrales. Las sospechas apuntan a que el notario habría hecho uso del dinero, que le entregaban mayoritariamente mediante cheques al portador, para cubrir algunas de sus necesidades personales.

El Col·legi de Notaris de Catalunya ha tomado cartas en el asunto para colaborar con las instituciones que deben investigar esta cuestión. Ha abierto una información reservada y la ha enviado al Ministerio Fiscal y a la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, «con la voluntad de actuar en defensa de los intereses de los ciudadanos y de la disciplina notarial, y delante de posibles indicios de una práctica notarial irregular».

Desde el Col·legi insisten en que «los notarios y las instituciones que les representamos somos los primeros interesados en responder con contundencia contra todos aquellos miembros de la corporación que no actúen con el máximo rigor y con la ética profesional con que se rige la inmensa mayoría de la profesión». Aun así, también se muestran prudentes e insisten en la importancia de «respetar siempre el derecho a la presunción de inocencia».

El Col·legi, asimismo, recuerda «la confianza social y el prestigio» de una profesión cuyos integrantes, «muy excepcionalmente, muestran indicios de una práctica notarial irregular». Por ello insiste en que los notarios «garantizan la imprescindible seguridad jurídica necesaria para los negocios jurídicos, además de desarrollar una destacada labor en la protección de los ciudadanos». Ahora serán las instituciones las que deberán avanzar con su investigación a raíz del informe que le ha enviado el Col·legi de Notaris. De hecho, el colegio no tiene capacidad sancionadora. Tampoco puede pedir la expulsión de uno de sus miembros. En todo caso, si se confirmaran las irregularidades, sí que podría llegar a solicitar qe se realizara una suspensión cautelar de funciones, una competencia que corresponde al Ministerio de Justicia.

El caso del notario podría ir más allá de repercutir a los propios clientes afectados. Incluso podría alcanzar en los compradores. Y es que, si se confirma el fraude, el hecho de no haber pagado los impuestos podría comportar, por ejemplo, que no se hubieran llevado a cabo cambios de titularidad en el Registro de la Propiedad.