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Los sueldos de dos concejales del equipo de gobierno de Torredembarra, formado por 9 ediles de ERC (mayoría absoluta), ha levantado cierta polvareda en la ciudad a raíz de un artículo publicado en el último número de El Mònic Torredembarra en el que se ponía en duda la legalidad de las retribuciones de dos tenientes de alcalde, Josep Maria Guasch y Raúl García.
Ambos tienen una dedicación parcial del 95% y su sueldo bruto es de 28.500 euros, tras la aprobación de cargos y asignaciones económicas en la sesión plenaria de julio de 2019. El resto de ediles (Marina Riudeubas, Margaret Rovira, Núria Batet, Maria Gual, Joan Torras y Guillem Pujol) tienen también dedicación parcial con un porcentaje inferior a los dos compañeros de gobierno. El alcalde Eduard Rovira cobra por asistencias, tras renunciar a la dedicación parcial del 95% una vez fue nombrado diputado provincial.
El porcentaje tan elevado de una dedicación parcial es el que ha levantado cierta controversia en la ciudad, ya que casi roza la dedicación exclusiva. Este 5% de diferencia permite a Guasch y a García poder compaginar su actividad pública con la gestión de sus negocios privados sin que cometan ninguna ilegalidad. Pero este sueldo público provoca ciertas suspicacias y sospechas de sí podría haber un posible fraude de ley en estas dedicaciones parciales tan elevadas.
Todo amparado por la Ley
La legalidad de la dedicación parcial del 95% de los dos ediles de Torredembarra ha sido refrendada por fuentes del consistorio, que niegan tajantemente que exista fraude de ley en las retribuciones de los dos tenientes de alcalde. El Ayuntamiento considera que las acusaciones e insinuaciones «son totalmente falsas».
La investigación periodística de El Mònic se sustenta en dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que una de ellas anula una dedicación parcial del 90% y otra del 80%. De hecho, ERC de Deltebre usó una de las sentencias andaluzas para presentar un recurso a las retribuciones parciales del 95% para cuatro concejales del equipo de gobierno de la localidad ebrense. El recurso no prosperó.
A pesar de los ejemplos de tribunales andaluces, el Ayuntamiento torrense desmonta las acusaciones sobre el presunto fraude de ley de los dos ediles asegurando que en primer lugar las sentencias dictadas en Andalucía no pueden ser aplicables a Torredembarra, «ni la doctrina aplicada puede ser considerada doctrina jurisprudencial que obligue a cualquier entidad local».
La ley en Catalunya
Actualmente, en Catalunya, La ley reguladora de Bases de Règim Local explica en su artículo 75 la regulación de «ejercer los cargos con dedicación parcial» y en ella no fija ningún porcentaje máximo, como tampoco limita el número de cargos con este tipo de dedicación.
El mismo artículo sí establece un número máximo, por tramos de población, de cargos con dedicación exclusiva. En el caso de Torredembarra, que tiene una población entre 15.000 y 20.000 habitantes podría tener un máximo de 7 ediles con dedicación exclusiva. No tiene ninguno.
Torredembarra en Comú, partido que no tiene representación municipal en el consistorio, ha sido la única formación política que ha expresado públicamente su parecer. Asegura que «han repasado sentencias y al mismo tiempo también se ha consultado el BOE del 3 de abril de 1985 donde se habla de la organización del Estado, para intentar entender de la mejor forma posible todo el que está pasando». Los comunes tienen dudas de la legalidad y dejan entrever que haría falta un informe técnico al respecto.
El consistorio recuerda que las actas fueron enviadas a la administración del Estado y a la Generalitat sin que ninguna de ellas ejerciera sus facultades ante una posible irregularidad, refrendando la legalidad de las nóminas.
El próximo día 29 se convocará un pleno en Torredembarra. Quizá allí las fuerzas de la oposición (PSC, Ciudadanos y JxCat) pregunten sobre las dedicaciones parciales, aunque nadie lo ha dejado entrever hasta ahora.
