«Estamos hartos de las okupaciones en Vilafortuny»

Hace años que Vilafortuny padece okupaciones en las viviendas del barrio. Un fenómeno que ha generado varios problemas de convivencia. 

La okupación de la antigua residencia Montemar a mediados de junio generó una gran preocupación entre parte del vecindario. Fue la gota que colmó el vaso. Los vecinos dijeron basta y decidieron organizarse. La semana pasada más de 400 miembros de Stop Okupas Vilafortuny salieron a la calle para mostrar su rechazo a la okupación de la antigua residencia. Ese día dieron a conocer que tienen contabilizadas 66 viviendas más que están okupadas.

«Estamos hartos de las okupaciones», explica María Muñíz, portavoz del colectivo Stop Okupas Vilafortuny.  

Una vecina del barrio que prefiere mantenerse en el anonimato explica que lleva ocho meses con okupas en su urbanización.  Cuando conectaron el agua se inundaron otros dos pisos. «Me da pánico viajar por trabajo o para ir a ver a mi familia porque tengo que estar pendiente de estos señores (...) y de si okupan mi casa», explica. Considera que se debería exigir a los bancos y a los propietarios de casas vacías «que las mantengan arregladas para que no las okupen». 

Otro vecino de la misma zona asegura que en este caso no se trata de ninguna familia con niños. «Es un piso de jóvenes que suben y bajan y trafican con drogas». Explica que ya han interpuesto dos demandas contra Caja Rural, propietaria de la vivienda, por okupación con daño a terceros.  

Insultos y amenazas

En otra urbanización de Vilafortuny tuvieron un problema similar. En 2016 un señor okupó una vivienda. A los vecinos les dijo que la había alquilado, según explica una residente del lugar. Pero descubrieron que estaba enganchado a la luz. Entonces, el hombre alquiló la vivienda a cuatro chicos pero acabaron siendo 20 personas. «Tuvimos enfrentamientos diarios porque querían utilizar la piscina comunitaria y hemos tenido que aguantar insultos, drogas, idas y venidas a altas horas de la madrugada. Siempre haciendo guardia sin descansar». Finalmente se marcharon pero en noviembre de 2017 se instaló una familia de etnia gitana con la que tienen una convivencia más o menos cordial. «Todo el mundo tiene derecho a una vivienda pero dentro de la legalidad. Para esto hay muchos mecanismos como el Ayuntamiento o Servicios Sociales», apunta la residente.

En otra urbanización hay seis casas okupadas desde hace tres años. Pero según los vecinos «los inversores que estaban interesados en comprarlas se retiraron al saber quién las había okupado». 

Desde el Ayuntamiento consideran que teniendo en cuenta la tipología de viviendas de Cambrils –una ciudad turística con un gran número de segundas residencias–, «el numero de okupaciones es bajo» y quieren rebajar la alarma.  Fuentes municipales explican que del total de viviendas del municipio, el tanto por cien de viviendas okupadas es del 0,26%, «una cifra similar a la de Barcelona, que tiene una proporción mucho más reducida de las viviendas de segunda residencia», aseguran. El  último pleno aprobó la creación de un protocolo de actuación en casos de okupación ilegal. 

Okupación con proyecto social

La okupación de la antigua residencia Montemar ha sido distinta a las demás. Su impulsor, a Jorge Fernández, tiene previsto llevar a cabo un proyecto social para acoger a 32 familias en situación vulnerable y a 56 menores. En este caso, según el Ayuntamiento, el propietario del edificio, la inmobiliaria Solvia, ya ha interpuesto una denuncia contra la okupación. 

Esta semana continuaron las movilizaciones a favor y en contra de la okupación de la residencia. Stop Okupas Vilafortuny realizó una concentración que congregó a centenares de vecinos y se leyó un manifiesto que exigía que los okupas de Montemar cesaran su actividad. Han recogido casi 2.000 firmas contra el proyecto de Jorge.  Por otro lado, una quincena de personas de la Plataforma en Suport a l’Edifici Dignitat, se concentraron ante la residencia para dar a conocer el proyecto. 

En marcha la nueva ley del desahucio exprés

El pasado 3 de julio entró en vigor la nueva Ley 5/2018, más conocida como la ley de desahucio exprés, que ha supuesto una «esperanza» para los vecinos que han sufrido okupaciones en sus casas. Se trata de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La medida pretende que los propietarios puedan recuperar sus viviendas ilegelmente ocupadas en un plazo menor de tiempo. Se prevé que el desalojo se produzca en menos de 20 días al quedar determinado un procedimiento más rápido. 

Pero según la ley, los bancos, cajas de ahorro y fondos buitre no puedan recurrir al desahucio exprés para desalojar a quienes se instalan sin permiso en sus inmuebles. 

El Congreso aprobó la proposición de Ley en abril con los votos a favor del PDeCat, el PP, Ciudadanos y el PNV. El PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC y Compromís votaron en contra. Los socialistas lamentaron que la medida no contemplara una reubicación de aquellas familias vulnerables que okupan por necesidad.