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El juicio contra una red de tráfico y explotación sexual de mujeres que fue desarticulada en 2009 en el Baix Penedès proseguirá pese a que en la primera sesión que se celebró faltaban 70 de los 110 testigos citados a declarar.
La Audiencia de Tarragona ha descartado la suspensión del juicio, pese a que la Fiscalía planteó que ante falta de esos testigos no localizados, la mayoría extranjeros y entre ellos diversas víctimas, la vista no podía celebrarse con garantías, como apuntó en la sesión de cuestiones previas.
La Fiscalía pide que se intente localizar a todos los testigos ya que las declaraciones de algunos de ellos son fundamentales por su condición de víctimas. El Tribunal aseguró que se ha hecho lo posible para localizarlos, pero que en todo caso el juicio arrancará el lunes.
1.644 años de prisión
La causa pide penas que suman más de 1.644 años de prisión para 14 personas (12 hombres y tres mujeres) que presuntamente dirigían la banda que explotaba sexualmente a mujeres. Hay una persona más acusada que está declarada en rebeldía.
La Fiscalía recurrirá la decisión de iniciar el juicio ya que explicó que no renuncia a ninguno de sus testigos. En este sentido pide que se hagan «todas las gestiones» para localizarlos «sin descanso.
Por videoconferencia
Señala que es especialmente trascendente conocer las versiones que puedan dar las víctimas. Algunas viven en países extranjeros como Rumania, Albania y Brasil. La Fiscalía apunta que podrían declarar por videoconferencia. El Tribunal aseguró que seguirá intentando localizarles.
El Tribunal también ha concedido la dispensa de asistir a todas las sesiones del juicio a todos los procesados que así lo decidan. Pero obligatoriamente deberán comparecer cuando les toque declarar. Los magistrados también valoran la colocación de mamparas entre los acusados y los testigos.
El juicio es por una red de explotación sexual que, según la Fiscalía, reclutaba a las víctimas y las obligaba a prostituirse en clubs del Baix Penedès ubicados a pie de las carreteras N-340 y C-31. La banda habría operado entre los años 2003 y 2009. La Fiscalía pide 120 años de prisión para 2 de los acusados, 58 años para otros dos y 117 para el resto.
Están acusados de tráfico de seres humanos, obligar a la prostitución a mayores y menores de edad, contra los derechos de extranjeros, asociación ilícita, falsedad documental, abuso sexual y lesiones. Entre los acusados están los responsables de clubs de Bellvei, Cunit y Segur de Calafell.
Investigación
La investigación relacionó a la red con grupos brasileños, donde se compraban a las víctimas y posteriormente las obligaban a ejercer la prostitución en Catalunya y el País Valencià. Posteriormente las vendían a organizaciones de otros países europeos.
Uno de los acusados controlaba a otra acusada encargada a su vez del control de las otras víctimas ordenando, las horas, duración de los servicios y la recaudación del dinero.
Destapado
El caso lo destapó una chica que logró escapar del control del grupo junto a una mujer. Denunció que llegó a Catalunya siendo menor de edad y que estuvo recluida durante dos años en un piso del barrio del Raval de Barcelona, donde la obligaban a ejercer la prostitución. Por las condiciones de insalubridad en las que estaba tuvo que ser hospitalizada y sometida a un trasplante de hígado ya que contrajo la hepatitis B.
El juzgado autorizó once registros que se practicaron en domicilios de El Vendrell, Calafell, Albinyana, Banyeres y Vilanova i la Geltrú, en el marco de la operación Troya. Los Mossos encontraron documentos y pruebas como las libretas donde se anotaba la actividad, además de permisos de conducir y pasaportes falsificados.
Los 1.644 años de prisión que pide la Fiscalía se reparten entre los 15 acusados aunque hay uno en rebeldía y que no está a disposición del Tribunal. En total están acusados de siete delitos de tráfico de seres humanos con dos delitos de determinación coactiva a la prostitución de menores de edad y otros cinco delitos de obligación a la prostitución a mayores. También hay delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, de asociación ilícita, falsedad documental, abuso sexual y lesiones.
