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Fomento abre la puerta a aplicar bonificaciones a los vehículos pesados en la AP-7

Recuerda que el plan puede cambiarse
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El secretario de estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, participó ayer en un coloquio del Cercle d´Infraestructures. Foto: ACN

El secretario de estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, participó ayer en un coloquio del Cercle d´Infraestructures. Foto: ACN

El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, abrió las puertas ayer a que el tramo de Tarragona de la AP-7 pueda ser incluido en el plan de desvío voluntario de los vehículos pesados desde carreteras convencionales hacia autopistas de peaje, y que supone la bonificación hasta un 50% del importe del peaje. Pese a que el Consejo de Ministros del pasado viernes sólo aprobó en Catalunya el desvío de la N-240 por la AP-2 entre Lleida y Montblanc, Gómez-Pomar recordó que es un plan piloto de cinco meses, que puede ser modificado.

«Estamos abiertos a modificaciones porque lo que queremos es sacar los vehículos pesados de las carreteras para llevarlos a las autopistas», justificó, en un contacto informativo con la prensa después de un desayuno-coloquio organizado por el Cercle d’Infraestructures al World Trade Center de Barcelona.

Asimismo, Gómez- Pomar puntualizó que «observaremos cómo van evolucionando las cosas y, si es necesario tomar decisiones sobre ampliaciones o modificaciones, se harán porque de lo que se trata es de resolver los problemas». Por ello aseguró que están abiertos a modificaciones una vez haya finalizado el periodo de prueba. Y es que recordó que el plan aprobado por el Gobierno Central de desvío voluntario de vehículos pesados hacia autopistas de pago, que entrará en vigor a partir de hoy, es un plan piloto con una duración prevista de unos cinco meses.

Pero ante las quejas de algunos alcaldes de la zona de Lleida que creen que las bonificaciones a los vehículos pesados que pasen por la AP-2 en lugar de la N-240 no supondrá una reducción del volumen del tráfico ni de la siniestralidad, el secretario de Estado de Infraestructuras alegóque una eventual gratuidad supondría «alterar los equilibrios concesionarios». «No se pueden establecer sistemas de gratuidad con cargo a la financiación pública», concluyó.

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