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Había un acuerdo consensuado. Un pacto. Un compromiso. Una fecha para sacar a los camiones de la carretera N-340. Pero ante el incumplimiento del Ministerio de Fomento, lo que hay ahora son otros tres muertos.
Es lo que más indigna a los municipios que sufren la carretera. Y con más dolor en l’Arboç, de donde eran las tres víctimas mortales del accidente del domingo.
Dolor e indignación
Vecinos y representantes de todos los municipios que sufren la carretera desde l’Arboç a Atafulla guardaron tres minutos de silencio en l’Arboç en señal de duelo y de indignación por la incapacidad para implantar la solución acordada, pactada y prometida.
Los alcaldes también firmaron una carta dirigida al ministro de Fomento Iñigo de la Serna para recordarle que dijo que el 1 de enero los camiones ya no llenarían la N-340.
Conmoción
«De haberse cumplido, quizá, nuestros vecinos no hubiesen muerto», señaló conmocionado el alcalde de l’Arboç, Joan Sans. Las tres víctimas mortales eran muy conocidas en la localidad. La mujer era la encargada de la limpieza del Col·legi Residència, su madre, y el encargado del mantenimiento de instalaciones del mismo colegio.
El pueblo está conmocionado, señaló Sans. «Había una fecha para sacar los camiones de la carretera», reiteró.
'Son nuestros muertos'
En el mismo sentido la presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès, Eva Serramià recuerda que «se llegó a un acuerdo pero hemos puesto otras tres víctimas. Son nuestros muertos». Serramià no acepta que se pongan excusas de última hora a un acuerdo cerrado. «Estamos indignados, tristes y dolidos».
Los municipios, que llevan años denunciando la peligrosidad y saturación de la carretera, se creyeron al conseller de Territori de la Generalitat Josep Rull cuando el 4 de agosto anunció a los alcaldes que los camiones dejarían de circular por la N-340 entre Castellón y L’Hospitalet de l’Infant y entre Vilafranca del Penedès y Tarragona. Todos los vehículos pesados serían desviados a la autopista AP-7, dijo.
Aceptado
Hasta 25 municipios aprobaron la solución para librarse del elevado volumen de tráfico de la carretera que en localidades como l’Arboç pasa, además, por el centro urbano. La fecha era en enero de 2018. La medida de la Generalitat la aceptó el Ministerio de Fomento.
La solución permitía sacar de la carretera unos 4.000 camiones diarios entre L’Hospitalet de l’Infant y Tarragona.
Descuentos
Los camiones de paso desviados a la autopista AP-7 tendrían una bonificación del 42,5% del peaje mientras la reducción para los que hacen desplazamientos locales la reducción serían del 50%. También se acordó una bonificación del 100% para los vehículos ligeros que realicen un trayecto de ida y vuelta en 24 horas entre las salidas de Vilafranca Sur y Alcanar.
Poco antes de acabar el año, el ministro de Fomento dijo que «se trabaja intensamente para materializar el compromiso adquirido», pero evitó poner fechas «porque los informes son complejos y el trámite no essencillo». Ya adelantó que «todavía es temprano para saber si podremos llegar al mes de enero».
Iñigo de la Serna explicó que en el caso de la Rioja, donde se ha implantado un modelo similar se tardó «unos cuántos meses en conseguir los informes necesarios para hacer la aprobación en Consejo de Ministros».
En la carta que los alcaldes envían al titular de Fomento recuerdan que 2017 acabó con un accidente en Vinaroz en el que perdieron la vida un matromonio de 47 y 42 años y que 2018 ha comenzado de la misma dramática manera con el accidente de un camión en l’Aldea (Baix Ebre), otro en Castellet i la Gornal y el de los tres fallecidos y tres heridos del domingo en El Vendrell.
Años de quejas
Los alcaldes recuerdan los años de reclamaciones desoídas. Ahora temen que la solución esté atascada en algún despacho mientras sigue el goteo de muertes en la N-340 tarraconenese. En cambio soluciones similares se están implementando en la variante de Logroño y, próximamente, en la N-120 entre León y Astorga.
La situación ahora es de exigencia para que la medida sea implementada de manera inminente. «La ciudadanía y nosotros, empezamos a tener dudas de la voluntad política de llevarlo a término, en una provincia fuertemente, señala la carta al ministro.
